Otilio Romano, el juez que huyó a Chile al estar procesado por 107 casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, aseguró desconocer "de qué carajo" se lo acusa.

"Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa. No sé qué carajos de delitos son esos", negó insistentemente el magistrado en declaraciones al diario trasandino El Mercurio un día después de que el Consejo de la Magistratura le cortara el sueldo.

El pasado 2 de septiembre, el suspendido camarista federal mendocino presentó una solicitud de asilo político al Gobierno de Sebastián de Piñera, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición. La fuga la concretó un día antes de ser suspendido en el cargo.

El por ahora magistrado, ya que el Consejo lo destituiría en noviembre al llevarlo al jury de enjuiciamiento, no quiso realizar más declaraciones sobre su caso para "respetar el principio de confidencialidad".

Irónicamente, Romano, que durante la dictadura habría convalidado hechos de lesa humanidad, como secuestros, torturas, homicidios y robo de bienes, cree que las leyes constitucionales lo ayudarán a esquivar una dura sentencia. "Las leyes funcionan y tengo la esperanza de que se comprobará mi total inocencia de lo que se me acusa", sostuvo.