El Juez Federal Gálvez resolvió "suspender" la aplicación de la Ley de Glaciares en territorio sanjuanino

El juez federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gávez, suspendió la aplicación de varios artículos de la recientemente sancionada Ley de Glaciares. La decisión del magistrado surgió a raíz de una presentación realizada por distintos sectores relacionados con la actividad minera, entre ellos, la Cámara Minera de San Juan, CASEMI, AOMA y la CGT Regional San Juan.
El Juez Federal Nº 1 de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, suspendió la aplicación de una serie de artículos de la ley recientemente sancionada por el Congreso de la Nación, denominada Ley de Glaciares.

La decisión del magistrado federal surgió a raíz de una presentación realizada por la Cámara Minera de San Juan, la Cámara de Servicios Mineros -CASEMI-, AOMA y CGT Regional San Juan.

Como ya es de público conocimiento el Juzgado Federal a cargo del Dr. Gálvez dio a conocer este martes por la mañana su decisión de hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad presentado por diversas instituciones sindicales, cámaras empresarias y CGT Delegación Regional San Juan, realizado el día lunes 1 de noviembre.

Según señala en su dictámen el Juez Federal que dio lugar al pedido en casi 24 horas, dictó la medida de "suspender" es decir no innovar, dejando en suspenso la aplicación de la norma en todo el territorio de la Provincia de San Juan, hasta tanto la declaratoria de inconstitucionalidad se resuelva.

El doctor Matías Pallitto, apoderado legal de CASEMI, fue notificado este mismo martes por la mañana de la medida, acudiendo inmediatamente a prestar caución juratoria a los fines de que culmine el procedimiento de la medida cautelar. El asesor letrado destacó que desde CASEMI se pretendió resguardar la estrategia judicial y es por eso que en las últimas horas no se realizó declaraciones concisas al respecto, entendiendo que en pocas horas se podían tener mejores novedades que la simple presentación; tal como terminó siendo la medida precautoria.

Según informó "el proceso se podría discriminar en dos etapas, siendo la medida de no innovar la primera y como medida precautoria, dando por anulada la aplicación de la ley y como segunda etapa o proceso el de declaratoria de inconstitucionalidad en el cual la provincia deberá sumarse a la demanda y el Juez Federal que atiende en la causa notificar al Estado Nacional. Al presentarse un conflicto entre Nación y Provincia el proceso se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Resta aguardar que el proceso de demanda continúe y desde CASEMI se espera que en otras provincias andinas repliquen el accionar judicial.

La CEPSM celebra la resolución del Juez Federal Gálvez

También la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros -CEPSM-, a través de un comunicado señala que "celebra la resolución adoptada por el juez federal Miguel Ángel Gálvez, de no aplicar la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares en el ámbito de la provincia de San Juan".

Añade que "previo a la decisión del doctor Gálvez, y en el marco de una política de defensa de la industria minera, la CEPSM participó en forma activa de las reuniones llevadas a cabo con el asesor del Gobierno, doctor Guillermo De Sanctis, quien convocó a las instituciones vinculadas en forma directa a la minería sanjuanina, en este caso la CEPSM quien fue representada por su asesor legal, el doctor Emiliano Mattar y también asistieron miembros de otras entidades".

"En el marco de estos encuentros -agrega-, junto a De Sanctis fueron trazadas las primeras líneas de la estrategia de defensa de la minería, en cuya ocasión fueron recibidos aportes de todos los sectores involucrados, cuyas pautas derivaron finalmente en la resolución de la justicia federal, a través del fallo del doctor Gálvez, luego de la presentación judicial interpuesta".

"En tal sentido, el magistrado federal ordenó la suspensión de la aplicación de los artículos 2° al 7° y 15° de la Ley N° 26.639 y de esta manera queda suspendida su aplicación en la provincia".

"La CEPSM ratifica su permanente compromiso en la defensa de los intereses de la minería y, a la vez, sostiene que la provincia es soberana en cuanto a la administración de sus recursos naturales y esta premisa defendida por las instituciones provinciales, fue cabalmente interpretada por la justicia federal", destaca la entidad.

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