En el marco de los juicios a los represores que formaron parte del “Circuito Camps”, el juez federal que atiende la causa, Carlos Rozanski, denunció al gremialista de la CGT Julio Piumato por “amenazas” y “persecución”. “Hace un año y medio que hay una persecución importante de parte de este hombre (Piumato) y de otra gente, que parece estar en el medio de un intento de desestabilización. Es una acusación absurda con un fin que desconozco”, sostuvo el magistrado ante la prensa.

Rozanski, quien llevó a cabo los juicios más importantes que llevaron a la cárcel a algunos de los principales genocidas de la última dictadura (entre ellos Etchecolatz, Von Wernich, entre otros), advirtió que “se trata de ensuciar gente gratuitamente”, a la vez que aseguró que “suena paradójico, porque hace 25 años que investigo causas de acoso laboral”.

Cabe recordar que el conflicto entre el presidente del Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) y el titular del gremio Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) lleva más de un año y medio, y se originó luego de que un grupo de trabajadores de dicha dependencia reclamaran mejores condiciones laborales y el cese del “acoso laboral” sobre los empleados judiciales. A partir de allí, el secretario de Derechos Humanos de la CGT fue a fondo con la disputa y llegó a denunciar a Rozanski ante el Consejo de la Magistratura.

“Hay reclamos de los trabajadores, pero la aparición de Piumato no tiene nada que ver, ya que nunca se había acercado a averiguar qué pasaba. Apareció porque debe estar buscando otros fines que no tienen que ver con el reclamo laboral”, indicó a Hoy uno de los trabajadores que desarrollan actividades en el establecimiento federal. Según trascendidos, Piumato se habría “subido” al reclamo con un objetivo distinto al perseguido por los asalariados, ya que intuyen que la idea del gremialista sería ejercer presión sobre la Justicia con la intención de reubicar gente de su entorno en cargos importantes del Poder Judicial.

Rozanski es uno de los jueces que más se han destacado en los últimos años en lo que respecta a los juicios contra delitos de lesa humanidad, no sólo por encarcelar a un número importante de represores, sino también por haber accedido al pedido de los organismos de derechos humanos de enjuiciar a militares y civiles en el marco de la figura legal de “genocidio”.