La afirmación se hizo al pedido de aclaratoria presentado por la Fiscalía de Estado en representación de la Provincia. El gobierno de Juan Manuel Urtubey pidió que se aclare si las prácticas iban dirigidas en torno de las fiestas patronales de los municipios, parajes, días de los santos patronos en las escuelas que llevan sus nombres, e incluso si implicaba prohibir las festividades del Milagro y los feriados de Setiembre. Se pidió también aclarar "¿qué pasa entonces con otras religiones? ¿Está permitida (su práctica) en los establecimientos públicos de nivel primario?".

Domínguez sostuvo en su fallo hacia la Provincia que "si ninguna de estas cuestiones fue objeto de la pretensión deducida, ni materia decidida, no hay motivo para aclararlas".

Agregó que "concretar un catálogo -como parece pretender el peticionario- implicaría imponerles una carga valorativa negativa per se. Por el contrario, y más allá de la bondad intrínseca que pueda predicarse de las prácticas religiosas, la circunstancia que las enfrenta a la Constitución es la falta de libertad para decidir de los niños a quienes ellas se imponen".

En respuesta a la práctica de otras religiones, Domínguez respondió al Gobierno que "este cuestionamiento evidencia, cuanto menos, una apresurada lectura de la sentencia, ya que en el caso se han denunciado prácticas que en el fallo se calificaron como discriminatorias; ellas fueron el objeto del proceso y a ellas refiere la sentencia".