El mismo argumento que explica por qué Hugo Moyano, secretario de la CGT, legó el Sindicato de Choferes de Camiones a su hijo Pablo sirve para entender por qué los magistrados tienen el hábito de colocar a sus hijos en las oficinas del Poder Judicial de Tucumán, según Carlos Courtade, vocal de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones. "Aquella costumbre existe desde que el país es como es. No pretendamos que los jueces sean sujetos distintos del cuerpo social al que pertenecen. ¿Quién es la mano derecha de Julio Grondona, presidente de la AFA? Humbertito. Al ex presidente Néstor Kirchner ¿quién lo relevó? ¡Su esposa! Y ahora la política palanquea al hijo de ambos, Máximo Kirchner", sentencia.

Al magistrado no le sorprende el número extraordinario de empleados y funcionarios que la Corte Suprema designó discrecionalmente -90 sólo en febrero y marzo- para, entre otros proyectos, habilitar el horario de trabajo vespertino. "La planilla de personal aumentó entre el 20 y el 30%. No sé si se perdió una oportunidad histórica para cubrir las vacantes con empleados surgidos de una selección objetiva. Ocurre que los concursos públicos nunca han sido una prioridad de la Justicia ni de los otros poderes del Estado. La cuestión pasa por una decisión política o por la falta de ella", explica el juez a LA GACETA.

Las minorías dirigentes deben definir si el ejercicio del nepotismo está o no reñido con la ética, según Courtade. "Quizá parezca mucho pedirles que se abstraigan del contexto socioeconómico del cual han salido para fijar rumbos de mejora moral. Pero esa es su función", agrega. Y a renglón seguido afirma que no está tan seguro de que la Justicia sea el poder que despierte las mayores esperanzas de la ciudadanía: "habría que preguntarle a la gente común, mediante una encuesta, qué opina de la designación de hijos y amigos de jueces, pero yo no siento que depositen demasiadas expectativas en la Justicia. Creo que la miran con bastante demérito y no me parece que le tengan ese respeto o estima que uno espera para el Poder que es el último resguardo de los derechos del ciudadano. No sé si la gente conserva alguna expectativa respecto de sus dirigentes y jueces o si, por el contrario, espera estar en el poder para nombrar a sus parientes y amigos", ironiza.

El proyecto ausente

Courtade, de 52 años y una trayectoria como defensor oficial, magistrado de primera instancia y camarista, se define a sí mismo como un partidario acérrimo de los concursos y un respetuoso del ascenso por mérito en el contexto de la carrera judicial. Califica de positiva a la acordada 1.029, que a principios de este mes dispuso la aplicación de concursos para los cargos de ayudantes judiciales. Pero es cauto respecto de las iniciativas de la Corte Suprema para resolver la crisis del Poder Judicial: "creo que las soluciones no se piensan. La Justicia actúa por reacción, no por planeamiento. Entonces, las respuestas son aisladas. Hace falta un proyecto: no se puede pensar que el horario vespertino soluciona el problema del colapso", razona el camarista, que en 2004 promovió el funcionamiento en el turno tarde de su Juzgado de Cobros y Apremio y obtuvo la certificación de calidad de las Normas ISO.

El juez teme que, a mediano y a largo plazo, la acordada 1.029 se transforme en una fuente de potenciales conflictos laborales difíciles de encauzar. El magistrado cita la experiencia del juez federal Mario Racedo, cuyo concurso para cubrir tres ayundantías convocó a cientos de abogados sobrecalificados para los puestos en juego. Y precisa: "este fenómeno puede parecer excelente para la Justicia, por el gran nivel de formación de aspirantes a un cargo que consiste en llevar y traer expedientes. Pero no sé si es tan bueno porque ese letrado, por una cuestión de ambición natural, no va a querer quedarse como ayudante. Aspirará a más. Y no pasará mucho tiempo hasta que comiencen los planteos: ’¡pero yo soy abogado, a mí me tienen que hacer prosecretario o secretario!’".