En su corto tiempo a cargo del Juzgado Federal de 1º Instancia de la ciudad de Río Gallegos (aún no ha cumplido dos años), Ana Cecilia Alvarez, una abogada que llegó a Santa Cruz hace unos 15 años, procedente de Buenos Aires y siguiendo a su marido, integrante de Fuerza Aérea que había sido trasladado a Río Gallegos, se asentó e hizo su carrera aquí.
A poco tiempo de haber asumido, a partir de una denuncia de la Fundación La Alameda, inició una investigación que derivó en el cierre de las Casas de Tolerancia, en las que se ejercía la prostitución, que desde principio del siglo XX eran un paisaje habitual de Río Gallegos.
También le tocó dictaminar en contra del Gobierno nacional, más precisamente contra el decreto nacional 2067/08 (27-11-08) que estableció un cargo fijo adicional a los usuarios residenciales de gas natural, que en algunos casos llega a triplicar el monto correspondiente al costo del gas consumido.
Lo hizo a partir de un recurso de amparo contra el Estado Nacional, realizado por dos diputados provinciales de la UCR, en su calidad de representantes del pueblo de Santa Cruz. La juez primero decretó admisible el recurso y luego dictó sentencia definitiva, declarando la inconstitucionalidad tanto del Decreto PEN 2067/08, como de las Resoluciones Nros. 1451/08 y 1493/08 del Ministerio de Planificación Federal y de las Resoluciones 563/08, I/615/2009 del ENARGAS.
Ahora, la juez, que cultiva un bajísimo perfil y nunca dio una entrevista a los medios desde que está en su cargo frente al Juzgado, tiene en sus manos el expediente remitido por la Corte Suprema de Justicia, para que investigue y decida si el gobernador Daniel Peralta cometió o no un delito de acción pública al desoír el fallo impuesto por el máximo órgano judicial, para que restituya a Eduardo Emilio Sosa en la Justicia provincial, en el cargo de Agente Fiscal.
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