Independientemente de dar a conocer la propuesta que el Gobierno Nacional hizo a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería y Prefectura), el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino y el jefe de Gabinete, Abal Medina se refirieron a las causas que originaron “este descalabro” en los haberes del personal de la Prefectura y la Gendarmería.

Abal Medina señaló en esa conferencia que ya presentaron ante la Justicia pruebas sobre presuntas maniobras delictivas de un grupo de abogados, algunos de los cuales reportan en las fuerzas, y jueces, que beneficiaron con medidas cautelares a las cúpulas.

Esa situación se debió, dijeron, por un lado a “la industria del juicio” que se verificó con gran cantidad de causas judiciales para reajustes de haberes en los que se comprobó “connivencia entre abogados y miembros de las fuerzas”, lo que llevó, graficó Lorenzino, a la “cautelarización de la gran mayoría de los sueldos” del personal de esas fuerzas.

Puntualmente se refirieron a la juez subrogante del Juzgado Federal en Río Gallegos, y señalaron que “casualmente, el 60% de la totalidad de las medidas cautelares del país” fueron presentadas en esta ciudad santacruceña y recordaron la relación familiar de la juez con un militar.

Ana Cecilia Alvarez, molesta por esta situación, ofreció ayer una conferencia de prensa en la cual expuso la situación y aseguró que los funcionarios nacionales “mienten”.

“Hablaron de connivencia y maniobras y no puedo tolerar esas declaraciones” comenzó diciendo Alvarez, manifestando dos opciones para entender esas aseveraciones, que estarían entre la absoluta mentira y el profundo desconocimiento. Las consideró de suma gravedad y aclaró además que “las medidas cautelares fueron apeladas y confirmadas por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia”.

Notablemente molesta por lo sucedido, aseguró que le preocupa en demasía “que altos funcionarios en democracia no respeten las decisiones que se toman en el ámbito de otros poderes”.

Sobre las medidas cautelares, aclaró que “son resoluciones que este Juzgado ha dictado desde el 2008, y la primera de ellas ha sido en el mes de octubre de ese año y a partir de allí el contenido de ellas ha sido el mismo, limitándose simplemente a reconocer el carácter “remunerativo” de una serie de suplementos creados por Decretos en el año 2005, 2006, 2007, 2008 y el último en 2009, que los habían instituidos con el carácter de suplementos particulares, lo que quiere decir que no eran remunerativos ni bonificables”.

La juez aclaró que “las medidas cautelares son similares en todos los casos y no distinguen rangos ni jerarquías”, pidiendo que esto quede absolutamente claro, ya que en los dichos de los funcionarios nacionales se habría apuntado a estas maniobras como “beneficiosas de las cúpulas militares en perjuicio de las plantas de abajo, y eso es vergonzoso”, aseguró.

Dijo que en ningún caso se ha establecido el método para aplicar el haber y desmintió que “el 60% de los juicios hayan venido desde este Juzgado”, considerando una saña puntual contra su Juzgado por haber sido uno de los primeros en sacar una cautelar.

Aclaro que “en ningún momento hemos rechazado ningún recurso de apelación”.

Más adelante sostuvo que “difícilmente una cautelar dictada en el 2008 pudo haber generado una disminución salarial en un sueldo en este 2012, esa revisión y crisis que el Gobierno atribuyó en las contadurías no puede ser atribuible a ninguna integrante del Poder Judicial”.

Desmintió, además, que “seamos pocos los juzgados que actuamos y con un grupo reducido de estudios jurídicos, esto no se trata de enriquecimiento”.

Asimismo negó rotundamente que su marido “haya iniciado en algún momento una medida cautelar, por lo que se haya visto beneficiada o haya sido objeto de influencia por ese tema”.

Reiteró que “me preocupa mucho que altos funcionarios en democracia no respeten las decisiones que se toman en el ámbito de otros poderes, y eso trasciende lo que digo yo, porque en las fuerzas armadas se fijó un método como el que yo dispuse en abril de 2011, algo anterior al fallo Zanotti, y cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió vemos que era el mismo contenido”.

Aseveró que “las medidas cautelares quedaron consolidadas por la sentencia firme de las cámaras Federal de Apelaciones y que define por el fallo de la CSJN”, aclarando que “no es más que citar los mismos antecedentes que ya tenía la Corte Suprema”. Aseveró que “en todos los casos en que el Estado declaró la incompetencia así se hizo”.

Sobre si la mención a la juez puede estar relacionada con la denuncia que realizaron tiempo atrás las Madres de Plaza de Mayo, Ana Alvarez admitió que es una posibilidad. “Algo se dijo en la conferencia, sobre que estoy casada con un comodoro que está vinculado con delitos de Lesa Humanidad”, y al respecto sostuvo: “esa es otra mentira, porque mi marido no tiene ninguna causa abierta al respecto. Sobre si estoy casada con un militar, eso forma parte de mi vida personal y no influye en lo más mínimo en mis decisiones”.

Aclaró, de todas maneras, que en algún momento desde el Ministerio de Defensa iniciaron un pedido de juicio político por el hecho de su matrimonio, y “pude demostrar que mi marido no inició un reclamo de este tipo, no goza de ninguna medida cautelar ni me he beneficiado con este tipo de decisiones”.

Finalmente aseveró, recriminando al Ejecutivo por las acusaciones: “que es una forma de encontrar un culpable y el culpable está en las medidas cautelares de hace varios años atrás”. “No es temor, sino indignación, no me gusta que se le mienta a la gente, si quieren hacer denuncias que las hagan, evaluaré mi accionar luego”, dijo sobre la posibilidad de que la comiencen a investigar.