Ese expediente fue iniciado tras la publicación de una serie de notas en Clarín, en las que se detallaron los avatares de un Airbus A 340 300, matriculado como LV-BIT, que fue reparado en un taller brasileño llamado TAPME, contratado por Aerolíneas de manera directa, sin hacer una licitación pública. Ese taller no estaba habilitado por AR para revisar ese modelo de Airbus, por lo que se incumplió una regla interna de la empresa, a lo que se sumaron varios hechos desafortunados: la propia Aerolíneas debió enviar a Brasil herramientas para inspeccionar el avión; los trabajos sobre la nave se retrasaron entonces mucho más de lo previsto, a lo que se sumó que el avión volvió al país con serios desperfectos técnicos.

Ayer, personal del juzgado de Ercolini, y de Delitos Económicos de la Gendarmería, se llevaron documentación sobre el caso tras allanar el edificio central de la empresa estatal. Ese procedimiento había sido pedido por el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, quien imputó al gerente general de la empresa, Mariano Recalde; a Eduardo López, gerente del Área Técnica; a Aníbal Videla, jefe de Planificación y Control Técnico; a Ignacio Guidobono, gerente de Planeamiento e Ingeniería; y a Federico Barrientos, gerente de Mantenimiento. El fiscal también le pidió al taller TAPME de Río de Janeiro que le envíe la información que tenga sobre el caso.

El juez Ercolini, por su parte, impulsará ahora otras medidas expuestas en el requerimiento de instrucción con el que abrió la investigación. Varios jefes del sector de Mantenimiento de Aerolíneas serán llamados a prestar declaración testimonial. A mediados del año pasado, uno de ellos, Omar Lindoro, le había advertido a la gerencia de AR que el avión que más tarde fue enviado a Brasil podía ser reparado en realidad en los hangares de Ezeiza. Su ofrecimiento, realizado a través de un mail, al que tuvo acceso Clarín, fue desechado.

Aerolíneas emitió ayer un comunicado en el que aseguró que la contratación de TAPME "se hizo a través de una licitación". En realidad, lo hizo mediante una compulsa de precios en la que participaron otras ocho empresas. TAPME fue la que ofreció revisar el LV-BIT a menor precio: ese procedimiento tiene características diferentes al de una licitación pública. Además, la compulsa se hizo pensando en que el Airbus iba a ser sometido a una sola inspección de rutina, pero luego se aprovechó para hacerle otra más, por la que no se había pedido cotización alguna.

En el comunicado, Aerolíneas explicó que ya dejó de lado las "contrataciones directas", antes habituales.