Luego de 26 meses de investigación, el juez Juan Bernardi no encontró méritos para procesar ni sobreseer a ninguno de los siete imputados en la causa de los alimentos preelaborados que fraccionaba y distribuía la empresa Flavors, para los planes nutricionales del Ministerio de la Familia.

La situación de los tres empresarios, Javier Matas, Máximo Vicchi y Daniel Fernández y de quienes integraban el Ejecutivo Provincial cuando se produjeron los supuestos ilícitos –el ex ministro de Hacienda, Pablo Verani, la ex ministra de Salud, Adriana Gutiérrez y la actual, Cristina Uría y el ministro de Familia, Alfredo Pega– podrá ser revisada por la Cámara del Crimen, si la fiscal Daniela Zágari o alguno de los defensores apelan la falta de mérito dictada por el magistrado.

Según Bernardi –quien subroga el Juzgado 4 tras la renuncia de Pedro Funes– "no se ha acreditado indubitadamente la participación ilícita ni las irregularidades imputadas" a los funcionarios públicos y los empresarios. Admitió que sólo "deberá ahondarse la investigación, si correspondiere, respecto a los informes sobre los alimentos presuntamente en mal estado, que debe remitir el Ministerio de Salud, en función del expediente administrativo donde se impusieron cargos y se desconoce su conclusión".

A todos los involucrados, la fiscal les había endilgado siete hechos, que en todos los casos, fueron desestimados por Bernardi. Zágari les achacó que habrían defraudado al Estado Provincial mediante la simulación de las condiciones societarias y de solvencia económico - financiera y engaño en la calidad de los alimentos, para obtener las licitaciones destinadas a la distribución de los preelaborados, generando perjuicios al erario público al abonarse mercadería de dudoso origen, sin registros ni controles, en valores que no se diferencian a marcas reconocidas del mercado.

El juez reiteró que "cuando se habla de perjuicios para la salud de la población no se han acreditado los mismos, y tampoco el perjuicio económico al Estado Provincial, que no se ha determinado claramente".

Agregó Bernardi que "no se advierte irregularidad alguna" en el trámite licitatorio, "han intervenido todos los organismos competentes", por lo que –agrega– "no se advierte conducta reprochable" a los imputados. En le caso del ex ministro Pablo Verani, tampoco halló responsabilidad en que se le otorgara la exención impositiva a la firma. El ex funcionario declaró que la norma que regula ese beneficio "tiene un carácter muy amplio".