Cada sala actual, integrada por tres jueces, se duplicará a seis, con dos jueces cada una. Dicho así, parece matemática didáctica. Pero en términos de cargos, en la Justicia, hay mecanismos tan conocidos como cuestionados. Se habla de tres cargos en pugna para jueces, cuatro para fiscales y tres para defensores oficiales, aunque los números se irán puliendo a medida que se ponga en marcha el nuevo sistema.

La nueva ley que duplicará las salas será otra reforma para la Casación. Ya se habían quitado expedientes y remitido a las cámaras, separando las causas correccionales de las criminales. En ese momento, el alto tribunal era un gran cuello de botella en la mentada doble instancia del sistema. Dicen que estos cambios procuran una salida al viejo problema que padecen los departamentos judiciales del interior.

Ya se tomaron exámenes en el Consejo de la Magistratura. Y de los aprobados, y los “recuperados”, suenan nombres para las ternas que serán giradas al Ejecutivo. En rigor, algunos nombres se mencionan y otros suenan como “puestos”. Por otro lado, el número de “bochados” es otro tema para el escándalo, por la función que ocupan en la actualidad dentro de la administración de Justicia.

Se sabe: la discusión y la elección es política. Varios de los nombres en carrera vienen con padrinazgos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Los que tienen más posibilidades son los que juntan al menos dos de esos “apoyos”: un legislador y un ministro, un juez de corte y un par de intendentes del Conurbano, la procuración y el ministerio de Justicia, entre otros combos, por las que ya nadie se rasga las vestiduras. Sólo que antes esos acuerdos eran un poco más “cuidados”; como se le dicen a los desnudos de las vedettes. La comparación vale: ahora da lo mismo si se dan “a publicidad” o se negocian en cualquier momento o lugar -despachos o mesas de café, vociferando nombres, marcando a dedo a los ahijados y hasta exclamando futuros favores o fallos favorables.

Los periodistas políticos, más acostumbrados a las roscas por bancadas e internas de esos ámbitos, se preguntan por estas extrañas movidas del Poder Judicial. Los miran como a los documentales de Animal Planet que muestran la reproducción de algún bicho desconocido. Pero los del llamado riñón judicial tienen muy claro el escenario. A mayor instancia, mayor tensión. Las reformas que se fueron sucediendo a partir del ‘98 dejaron a las instancias inferiores haciendo cumplir las proclamas del magistrado en el lugar de los hechos, en contacto con la víctima, el litigante, el acusado. Promoviendo que estos nuevos jueces o fiscales vean el expediente más allá de la cartulina de la tapa, el número y los nombres. Jueces en contacto con personas de carne y hueso. Y no papel pintado. La cuestión es que eso fue quedando sólo para las fiscalías de Instrucción, que son la “trinchera” del sistema, con plazos perentorios para culminar las investigaciones y otras exigencias. Algo de eso trató de imponerse hace poco, con el sistema de flagrancia también a los jueces de Garantías, para que, cada tanto, vayan a las audiencias, y se pongan en contacto con los actores principales del proceso. Y al menos, les miren la cara, y den cuenta de sus dictámenes.

Pero a medida que el escalafón sube en rango, a partir de las llamadas Cámaras departamentales, y de la Casación en adelante, las exigencias de plazos y términos se licúan. También la carga horaria laboral. Aparecen secretarios, auxiliares y relatores, que realizan muchas veces la labor intelectual que otros firman, por supuesto, con suma responsabilidad.

La reseña, sumarísima, explica un poco la enorme disputa que cada tanto surge por ciertos cargos, donde no sólo cuenta la capacidad, experiencia y trayectoria del postulante, sino algo más. Y en ese -y por ese- algo más, intervienen personajes del Ejecutivo y del Legislativo, sobre o con los del Judicial, dando una mano, o soltándola, y confundiendo más al soberano sobre aquella utopía sobre la independencia de poderes.