Si existiera la posibilidad de hacer una gran foto con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, sus ministros y cada uno de los 135 intendentes, bajo el título “La Provincia y la totalidad de los municipios firmaron el Pacto Fiscal”, seguro se haría, o, al menos, se intentaría. Por estas horas es el gran objetivo de la administración bonaerense.

 

Con diversos métodos, desde el Ejecutivo se busca casi de manera desesperada que los jefes comunales, del color político que sean, estampen la rúbrica cuanto antes (la ley fue promulgada el 7 de diciembre). “Se muestran insistentes, a veces demasiado”, se queja un peronista del interior que todavía no firmó y que, por el momento, no piensa hacerlo.

 

Por supuesto, para las comunas lideradas por Cambiemos y con el Concejo Deliberante con mayoría propia, el asunto es un mero trámite. Les guste o no lo que están firmando, los alcaldes adhieren sin condicionamiento alguno. “Hay que acompañar las políticas del Gobierno”, coinciden, palabras más, palabras menos.

 

“Estamos convencidos que en un municipio con una buena administración y con equilibrio económico y financiero, nos beneficiamos todos”, expresaron desde la bancada de Cambiemos de Lezama, para alegría del jefe comunal, Arnaldo Harispe.

 

Minutos después llegaría la adhesión, a pesar del voto negativo de Unidad Ciudadana.

“Nos ayuda a todos ir marcando algunos límites de gastos”, señaló, en tanto, el jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez (Pro), y agregó que “se puede interpretar que nos recorta alguna función como intendentes, pero, en definitiva, nos debemos a la gente, y la normativa, lo que tiende a proteger es a las arcas públicas, así que estoy conforme”.

 

Por eso de ser orgánicos es que el número es tan contundente. Apenas unos meses

después de aprobada la iniciativa en la Legislatura, de los 68 distritos liderados por Cambiemos, adhirieron cincuenta y ocho y, según confían en el entorno del ministro de Economía, Hernán Lacunza, ocho de los diez que aún no dieron el sí se plegarán en la primera sesión del Concejo de este 2018.

 

En tanto, los restantes dos oficialistas que aún no acataron son Tandil y Coronel Rosales. En el primero de los casos, el del intendente Miguel Lunghi, pese a que algunos actores locales señalaban que “el viejo caudillo no va a adherir”, sólo falta el ok del deliberativo. Y en el segundo, el proyecto está trabado en el Concejo. “Estamos peleando el tratamiento, somos minoría”, comentó el intendente Mariano Uset.

 

Muy distinta es la situación de los municipios opositores, sobre todo los kirchneristas más duros. Estos señalan que no van a plegarse por nada del mundo. En este grupo entran Ensenada, liderada por Mario Secco; Avellaneda, por Jorge Ferraresi; y Pehuajó, por Pablo Zurro. No importa demasiado la letra del pacto, lo que vale es negarse. Claro, hay que tener espaldas anchas.

 

“Nada de Pacto Fiscal; la mentirosa esa (por Vidal) no me dio ni un litro de nafta para los patrulleros, ni un sólo peso para las escuelas. Ensenada mantiene la seguridad, la salud y la educación con recursos propios. Que venga y se siente conmigo a ver las cuentas. Que venga a ver el superávit de este municipio”, dijo un furioso Secco, al ser consultado al respecto.

 

“No vamos por el camino del Pacto Fiscal que propone el Gobierno provincial. Al contrario, vamos a invertir, somos un Estado presente”, señaló, por su parte, Ferraresi, al tiempo que, de la mano de la expresidenta Cristina Fernández, allá por el mes de diciembre, anunciaba un aumento del 30 por ciento para los trabajadores municipales.

 

Pero la postura de los K no es la que predomina en el justicialismo. Los distritos que ya adhirieron lo hicieron, según dicen, porque no les quedó alternativa; aunque hay otros, contados con los dedos de una mano, que adhirieron porque quisieron hacerlo. Aseguran que los problemas económicos a nivel local los llevaron a acercarse a Provincia a pedir una mano, y que a cambio les solicitaron sumarse al pacto.

 

“Ni siquiera había pensado en firmar, pero necesitaba plata para pagar el medio aguinaldo de diciembre”, contó a este medio un peronista del interior, y agregó que “a cambio de la adhesión apenas les pude sacar un adelanto de copa (Coparticipación), por lo que la alegría no me va a durar mucho y me quedé sin la posibilidad de negociar, como hacen otros intendentes”.

 

En tanto, otro que no firmó pero está a punto de hacerlo comentó que “me tienen agarrado de los h…..”. Y añadió, en off, que le habilitaron tiempo atrás un importante endeudamiento para adquirir maquinaria destinada a los caminos rurales, pero que ahora, “de buenas a primeras me encontré con que estaba trabado. Me la veía venir, si pongo el gancho se destraba al toque”, completó el alcalde.

 

En otra situación están los peronistas sin “deudas” con la Provincia. Se sienten fuertes, cómodos, y resaltan que “ellos (por la Provincia) son los que se muestran muy necesitados de firmar con nosotros”.

 

“Vamos a esperar a ver qué tienen para ofrecer, no hay apuro”, afirma uno de los alcaldes que se juntaron hace algunas semanas en los pagos de San Antonio de Areco. Estuvieron también las principales autoridades del PJ, los intendentes más cercanos a Cristina y un grupo grande de mandatarios del interior. “Se ha consensuado entre jefes comunales, legisladores de ambos bloques -senadores y diputados- y autoridades partidarias, que en los primeros días de abril se presentarán iniciativas parlamentarias intentando llegar a una solución respecto del denominado Pacto Fiscal”, expre só Francisco Durañona en un comunicado.

 

“Las mismas estarán relacionadas con la necesidad de limitar constitucionalmente

la capacidad de endeudamiento provincial, del mismo modo que se exige a los municipios; modificar la actual ley de Responsabilidad Fiscal en aquellos aspectos que puedan vulnerar la autonomía municipal; y, por último, rediscutir el porcentaje de copar-ticipación destinado a las comunas”, indicó el intendente anfitrión.

 

Muy contundentes los pedidos y los reclamos, pero todos y cada uno de los presentes en el encuentro tenían y tienen bien en claro que es prácticamente imposible que la Provincia dé el brazo a torcer. De todos modos, a sabiendas de la “desesperación” del ministro Lacunza y su equipo para que todos firmen, entienden que pueden conseguir algo, aunque sea medio Fondo de Infraestructura Municipal, o sea, financiamiento para obra pública de menor talla.

 

Planilla en mano hay que decir que, de los cincuenta y un municipios que gobierna el peronismo porque en 2015 ganó la elección de la mano del Frente para la Victoria, apenas adhirieron doce, seis lo harían en la venidera sesión, y los restantes treinta y tres, por ahora, se niegan o resisten. En tanto, los massistas están repartidos: cinco firmaron, cuatro no y el restante está previsto que lo haga la semana que viene.

 

A todo esto, más allá del juego político que conlleva, ¿qué es el Pacto Fiscal? La nueva ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, que si bien es optativa para cada municipio y habilitada por cada Concejo, tendrá privilegios para aquellos jefes comunales que accedan y logren cerrar sus números. Por supuesto, no todo es color de rosa.

 

Entre los beneficios que pueden lograr los intendentes se encuentra la posibilidad de acceso a nuevos créditos con organismos internacionales y pedir asistencia financiera provincial para el desarrollo de obra pública, por ejemplo. Además, la Provincia se compromete para acompañar al municipio para pedir asistencia a la Nación en forma de adelanto de Fondos del Tesoro Nacional. También recibirán pronta ayuda en caso de sequía o inundación.

 

“Si no firmás el pacto, el Municipio no puede endeudarse y no habrá acompañamiento de la Provincia en las obras”, afirmó el jefe comunal de Monte Hermoso, Marcos Fernández, y añadió que “perdimos el Fondo de Infraestructura, que para Monte significa 20 millones. Tampoco tenemos el Fondo Educativo, y recibimos un menor porcentaje de coparticipación”. Igualmente, por ahora, no tiene intenciones de firmar.

 

Entre los asuntos que hacen dudar a propios y extraños, los considerados nocivos en caso de que se estampe la firma y que llevan a los kirchneristas a decir que las comunas pierden autonomía, se cuenta el “consejo” para que el gasto corriente no crezca más que la inflación, que la planta de personal no crezca más que la población (uno por ciento anual) y que la deuda tenga un límite razonable (del 8%) relacionado con sus recursos corrientes, entre otros.

 

Aunque parezca un tema más económico-financiero que político, se impone la política. Tironeos, favores, devolución de favores, advertencias, extorsiones y aprietes saltan a la cancha en el juego del Pacto Fiscal, en el que, por supuesto, juegan todos: los que firmaron, los que firmarán y los que no lo harán. Todavía no es momento para hablar de ganadores y perdedores, pero lo seguro es que quien pone las reglas es Vidal.