Tanto Pérez como Álvarez les aseguraron a los productores que no cederían ni un metro cúbico de agua hasta que no pudieran asegurar el riego de las 75 mil hectáreas que por derecho le corresponden a Mendoza según el mismo fallo de la Corte Suprema que declaró la "interprovincialidad" del río.

Esos dichos, como se preveía, causaron preocupación entre los pampeanos, que vienen negociando una escurrentía para el oeste de la provincia desde hace años y que además recibieron garantías de la propia Presidente en el sentido de que Mendoza se avendría al reclamo. La primera reacción de la Legislatura de la vecina provincia fue emplazar al gobernador Oscar Jorge a entablar una demanda ambiental contra nuestra provincia, lo que el mandatario desestimó.

Al analizar los términos del ánimo predominante entre los funcionarios de La Pampa, no cabe menos que preguntarse a qué está jugando Pérez, ya que ellos están convencidos que llegarán a un acuerdo negociado, al punto que interpretan la posible demanda como un "desaire" a la Presidente Cristina Fernández, bajo cuyas indicaciones están negociando en la Jefatura de Gabinete.

"Sería un desaire a la Presidenta de la Nación hacer una demanda contra Mendoza en este momento histórico, en que por mandato directo de ella el jefe de Gabinete está negociando con los gobernadores de la dos provincias para buscar una solución al conflicto". Esas fueron las palabras textuales del secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, al explicar que, por ahora, no van a entablar una demanda ambiental contra Mendoza por el corte del río Atuel, a la vez que sostuvo que quienes impulsan esa vía "no están con la Presidenta ni con el gobierno provincial".

La explicación surgió tras la votación de la Legislatura en la que se aprobó la intención de accionar judicialmente. "Esa resolución establece que el gobierno haga una demanda ambiental, pero no dice cuando", agregó Lastiri. "Por lo tanto -acotó- es una expresión política de la ciudadanía, pero el gobierno va a seguir adelante con la política que ha establecido y que ha sido explicada reiteradas veces", aclaró.

"Vamos a seguir con nuestra postura porque las negociaciones y las tramitaciones están vivas y en marcha -subrayó-, y recién cuando se agoten esas instancias compartiremos esa expresión política de los señores diputados. Lo haremos cuando el gobierno estime que corresponde hacerlo".

Los tiempos que se ha establecido el gobierno provincial están atados a la suerte que tenga el convenio interprovincial firmado el 7 de agosto del año 2008. "Ese es el punto final" del tiempo de espera que se impuso el gobierno pampean según señaló Lastiri. "Si es aprobado por la Legislatura, bienvenido sea; si no lo aprueba, entonces no queda otra alternativa que ésta que establecen los diputados. Ese va a ser el tiempo de la ejecución de la demanda", puntualizó.

Está claro, entonces que en la vecina provincia siguen apostando a la aplicación del convenio firmado por Jaque en 2008, del que Pérez, hasta donde se infiere, estaría garantizando como ex funcionario de ese gobierno y fiel seguidor de las indicaciones de la Presidente de la Nación.

Además, según anunció el propio gobernador pampeano, Oscar Jorge, la semana próxima visitarán la provincia técnicos de la Nación para hacer un análisis del agua de retorno al río y así verificar la cuantía y la calidad. "Este tema para los pampeanos es vital y los mendocinos han tenido una actitud muy cerrada", destacó el mandatario que según el diario La Arena "mantuvo reuniones, el jueves, en Buenos Aires con funcionarios designados por el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina; el secretario de Recursos Hídricos de Nación y otros funcionarios nacionales, para abordar la problemática que se mantiene con Mendoza por la llegada del caudal del Río Atuel a territorio pampeano".

Ese análisis incluyó la construcción de un canal de más de 120 kilómetros hasta La Puntilla con un costo de 500 millones de pesos para transportar el agua del Atuel que supuestamente cederá Mendoza.