Los cinco jueces y cuatro funcionarios judiciales que se negaban a aportar a la OSEP (Obra Social de Empleados Públicos), como lo exige la norma por la que la provincia adhirió a la Ley Nacional de Discapacidad, seguirán sufriendo los descuentos.

Así lo dispuso la Sala Primera de la Corte al rechazar, con duros argumentos, la medida cautelar que interpusieron los magistrados junto con una acción de inconstitucionalidad que aún no tiene resolución. Los demandantes también habían apuntado contra el reformado artículo 151 de la Constitución provincial.

En primer lugar, la presentación que hicieron los jueces (Rafael Escot, Ricardo Mirábile, María Mercedes Herrera, Sofía Carolina Rivera y Raúl Ortiz) y los abogados de la Corte que tienen el mismo régimen laboral que los jueces (Marta Liliana Foncea, María Evelina Chillemi, Irma Rosa Abut y Luis Eduardo Vidart) fue contra la aplicación el artículo 3 de la ley 8.373, que fue aprobada a fin de 2011.

Esa norma obligó a los jueces a aportar el 5 % de sus salarios a la OSEP para que ésta pueda tener recursos para la cobertura de salud de las personas con discapacidad. Por eso, la semana pasada, cuando se hizo público que existía la presentación, los familiares autoconvocados de discapacitados repudiaron la acción judicial y pidieron respaldo del Ejecutivo.

Pero hace dos días, la Sala I de la Corte (conformada por Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Fernando Romano) decidió rechazar la cautelar que los jueces presentaron para que no les sigan descontando los aportes a la OSEP mientras se resuelve la cuestión de fondo, es decir, si es constitucional o no esa ley.

Para que un tribunal haga lugar a una medida cautelar, quienes hacen esa presentación deben demostrar que existe un peligro en el cumplimiento de sus derechos. Los magistrados supremos consideraron que los demandantes no han logrado demostrar que la aplicación de la ley cuestionada afecta la "intangibilidad" de sus salarios, que es la razón principal por la que accionaron.

De hecho, los jueces y funcionarios judiciales manifestaron en la presentación que hicieron que existe una "doble lesión" si ellos aportan a la OSEP como lo exige la ley. Por un lado, contra la independencia del Poder Judicial al sufrir "ataques financieros de otros poderes" y por otra parte, contra "el derecho de propiedad" de cada magistrado.

Pero la Corte, además de advertir que esa situación no está demostrada, lanzó un fuerte pronunciamiento que podría ser anticipo de la resolución final. Textualmente, los jueces supremos aseguraron que "un despacho favorable podría causar una innecesaria perturbación en el servicio asistencial que debe brindar la Obra Social de los Empleados Públicos, en especial, en lo referido a la asistencia a los discapacitados, quienes serían los principales afectados por la medida al retacearse fondos destinados a su protección".

En ese sentido, los magistrados recordaron que la norma cuestionada fue dictada en el marco de la adhesión a la Ley nacional de Discapacidad, que "instituye un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con capacidad diferentes. En razón de ello, la resolución favorable de la cautelar, sin decisión de la inconstitucionalidad o no de la norma cuestionada, conllevaría un perjuicio que a la postre podría, eventualmente, resultar innecesario".

Por otra parte, la resolución de la Corte se basa en el reformado artículo 151 de la Constitución provincial, que sostiene: "En ningún caso esta garantía de intangibilidad comprenderá la exención de aportes que con fines de previsión u obra social se establezcan con carácter general".

Contra la enmienda

Según pudo comprobar Los Andes, la acción de inconstitucionalidad y la medida precautoria interpuesta no apuntan sólo al artículo 3 de la ley 8.373 sino también a la modificación del citado artículo 151 de la Constitución provincial, que fue votada por la ciudadanía junto con los comicios legislativos de 2005. En el escrito, que firmó el camarista Escot y al que adhirieron el resto de los demandantes, consta que esa reforma afecta la intangibilidad de sus salarios.

Además de este revés judicial que sufrieron estos magistrados y funcionarios judiciales, la semana próxima el presidente del bloque de senadores radicales, Armando Camerucci, presentará un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra los jueces y una nota a la Suprema Corte para que sancione a los abogados que hicieron la presentación.