Por: Florencia Rodriguez florencia.rodriguez@elsol.com.ar

Después de 14 años de lucha, los padres autoconvocados de hijos con discapacidad lograron que Mendoza adhiriera a la Ley Nacional de Discapacidad. Sin embargo, días después un pequeño grupo de jueces se negó a hacer los aportes a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) por considerarlo inconstitucional. Ahora, y tras la polémica que desató esta negativa, los magistrados encabezados por el juez penal Rafael Escot han decidido desistir del proceso.

"Entendimos que era necesario dar un paso al costado en esta acción, en tanto y en cuanto se respetaran los principios por los que nosotros iniciamos la acción. Siempre consideramos que este no era un tema de dinero, sino que se refería a salvaguardar las instituciones y el orden jerárquico que están en las normas. Esto en beneficio de la independencia de los poderes", comenzó a explicar Rafael Escot.

El Juez agregó que "hemos llegado a un acuerdo en el cual se salvaguardan los principios constitucionales. Además, entendimos la necesidad del momento y la solidaridad que nos requiere la comunidad para con los discapacitados. Nosotros al iniciar la acción entendíamos que se podía, por un lado, ser solidario y, por el otro, mantener los principios constitucionales sin ser tocados", señaló.

En la reunión, en la que estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca y los senadores Gustavo Valls, Gustavo Cairo, Ernesto Corvalán y Carlos Aguinaga, se rescató el consenso alcanzado a través de "un diálogo fructífero". De esta manera, los jueces seguirán aportando a la obra social y quedará sin efecto el juicio iniciado por acción de inconstitucionalidad.

Los padres festejan

La noticia fue muy bien recibida por Alejandra Berlanga, del grupo de Padres Autoconvocados: "Es una excelente noticia porque, por una parte, ya no queda ningún precedente legal del cual agarrarse en un futuro, ya nadie puede refutar este reclamo iniciado por estos magistrados. Y por otra parte es bueno saber que los jueces entendieron que hay una función social y que estos aportes tienen una dirección directa, que es cubrir a personas con discapacidad", manifestó Berlanga.

La mujer expresó, además, que en su opinión este cambio de decisión se debe a que "han sentido la presión social y por eso dan marcha atrás, y vale por el hecho de que se ha generado un debate. Esto tiene un sentido social que apunta a romper privilegios", declaró.

El acta señala en una de sus partes que se reconoce "la plena Vigencia del orden jerárquico de normas establecidos en los artículos 31 de la Constitución Nacional y 148 de la Constitución Provincial y a los efectos de concluir definitivamente con todo tipo de conflicto, los Magistrados desisten del proceso iniciato en los autos n°: 104.863 caratulados: "Escot Rafael y otros c/Provincia de Mendoza s/acción de inconstitucionalidad". Esta se firmaría durante la jornada de este jueves.