El procurador general de la Nación, Esteban Righi, debe decidir si da curso a la gravísima denuncia contra dos altos jueces federales por su participación en la entrega y apropiación de un bebé durante la dictadura. La presentación, realizada la semana pasada por un grupo de familiares de desaparecidos, puso en manos del jefe de los fiscales la decisión de avanzar en la responsabilidad penal de parte de la corporación judicial en el plan sistemático de robo de hijos de desaparecidos.

Uno de los acusados, Wagner Gustavo Mitchell, es miembro de la Cámara de Casación Penal. El segundo caso es el de Jorge Martínez Sobrino, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 6.

La denuncia llegó el martes pasado a la mesa de entradas de la Procuración General, firmada por Isabel "Chicha" Mariani, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y otras abuelas, madres e hijas de desaparecidos. Concretamente, el escrito detalla la acción de los magistrados en el caso de Simón Riquelo, secuestrado junto a su mamá, Sara Méndez, cuando apenas tenía 20 días de vida.

El niño fue dado en adopción por Mitchell, entonces a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 16, en un trámite que duró algunas horas, unas pocas páginas de expediente y un solo testigo, falso. Según consta en la denuncia, ni el juez ni el secretario de actuación, Martínez Sobrino, hicieron el mínimo esfuerzo por localizar a los padres o a la familia biológica del bebé supuestamente abandonado. Rápidamente, le dieron la guarda al subcomisario Osvaldo Parodi, quien después se comprobó que había sido parte de la patota que se llevó a madre e hijo ese 14 de julio de 1976.

La apropiación de Simón es uno de los casos que conforman la megacausa "plan sistemático de robo de bebés" que, ya elevada a juicio oral, está en manos de Martínez Sobrino. Los querellantes denuncian que el juez debería haberse apartado ya que, al mismo tiempo, está sospechado de ser un eslabón del delito que debe juzgar.

Las opciones que estaría evaluando Righi, junto a la Unidad Especial de Derechos Humanos que encabeza Jorge Auat, es si ingresa la denuncia al juzgado que investiga a los responsables directos de la sustracción y apropiación de Simón (el represor Eduardo Rufo y Parodi) o si realiza una nueva presentación, lo que derivaría en un nuevo expediente.