El titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, y el fuez federal Rodolfo Canicoba Corral coincidieron en Radio 10 en argumentar que los jueces no tienen herramientas legales para aumentar el nivel de represión penal y limitar excarcelaciones
En diálogo con Radio 10 , Recondo consideró: "El problema de la Argentina es que adoptamos leyes del primer mundo y somos tercer mundo". El magistrado explicó: "Se han firmado tratados internacionales que dicen que mientras hay proceso el acusado debe seguir en libertad, y eso lo tenemos que respetar a la hora de tomar una resolución".
"El problema es que los jueces acatamos la ley y si nos presentan un buen informe del acusado y no excarcelamos, después el abogado defensor nos hace juicio político", puntualizó.
Recondo puso como ejemplo el caso de los violadores, que "se ha demostrado difícilmente tengan posiblidad de recuperación", pero "son los que mejor conducta tienen en prisión y son liberados, algo que también debería revisarse".
El titular de la Asociación de Magistrados señaló que es necesario "un cambio a corto plazo para solucionar las cosas inmediatas, aunque también llamó la atención "sobre problemas a largo plazo, como la miseria y la droga, para los que no hay una política de Estado".
"Que nos den leyes más represivas"
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral se manifestó en la misma línea que Recondo y explicó que si bien los magistrados tienen cierto margen de interpretación, no pueden hacer lo que las leyes no dicen.
"Si quieren aumentar el nivel de represión penal (aunque no creo que sea la solución), los legisladores deberán darnos nuevas herramientas y ahí el que no cumple deberá asumir sus responsabilidades ", indicó.
Sin embargo, advirtió que la problemática tiene tres puntas y ejemplificó que en caso de que el Estado decida impulsar leyes "más duras", el Servicio Penitenciario debería readecuarse para aumentar su capacidad. Por caso, explicó que las comisarías de la Provincia son el tercer ente con más presos.
El magistrado explicó que en la actualidad, cada vez que un juez decide encarcelar a alguien, esa decisión tiene cuatro instancias de revisión, lo que provoca sólo un año de dilación para definir la prisión preventiva de un eventual delincuente.
"A los jueces las leyes nos son dadas, yo no hago lo que quiero. Pero si la sociedad quiere otros límites, que vote, que los legisladores nos den otras leyes y las vamos a tener que aplicar ", completó.
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