Los jueces son conscientes de que el Poder Judicial está en el fondo de la consideración pública y de las dificultades que tienen para defender que perciben jubilaciones de 300.000 pesos, al lado de los jubilados que cobran la mínima. De todos modos, los magistrados afirman que tienen margen para defender sus derechos adquiridos y preparan una ofensiva judicial para recuperar los beneficios que la ley recorta o elimina.

La ley tuvo un derrotero que llevó a los jueces a pensar que tenían margen de negociación y de acción, hasta que se chocaron con el kirchnerismo en el Congreso: Máximo Kirchner los frenó en la Cámara de Diputados y su madre completó la faena en el Senado.

El 10 de diciembre, en su discurso de asunción, Alberto Fernández anunció ajustes en el régimen general de jubilaciones e instaló la necesidad de cambiar los regímenes "de privilegio" de los jueces y diplomáticos. El Presidente buscaba compensar con la palabra solidaridad, y en aras de un principio de equidad, el ajuste del régimen general de jubilaciones con el recorte de los regímenes especiales.

Desde ese mismo momento los jueces empezaron el lobby en el Gobierno. A lo largo de todo el verano, emisarios de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional conversaron la ministra de Justicia, Marcela Losardo , y sus equipos técnicos. Losardo los escuchó. Frente a algunas ideas los sacó corriendo. "No me vendan humo", les dijo. Pero fue receptiva ante algunas propuestas. De todos modos, el texto definitivo el proyecto de ley aún estaba en elaboración.

Cuando llegó febrero y se conoció el proyecto, la letra había cambiado: los jueces se encontraron con un texto mas duro y con menos concesiones, donde había pesado más la lapicera de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, y Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.

El lobby en el Gobierno ya era inútil y los jueces se lanzaron sobre los legisladores. Tuvieron receptividad en la oposición, a pesar de que muchos legisladores estaban de acuerdo en modificar el régimen especial. Fueron convocados a la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados, el 26 de febrero.

Ese día, el presidente del Consejo de la Magistratura, Roberto Lugones, recibió un llamado de urgencia de Alberto Fernández, que lo convocaba a la Casa Rosada. Lugones se disculpó con sus colegas jueces y fue a la reunión. El Presidente lo escuchó y fue receptivo. Le dijo que no iban a hacer todos los cambios que pretendían los jueces, pero que estaba dispuesto a negociar algunas modificaciones. "Andá, velo a Moroni y a Marcela Losardo; vamos a hacer algunas de las cosas que planteás", le dijo el Presidente.

Cuando Lugones salió de la Casa Rosada creyó que se había llevado un triunfo. Pero, en paralelo, en el Congreso comenzaban a exponer sus colegas de la Asociación de Magistrados. Pudieron expresarse pero fueron pocos escuchados hasta que Máximo Kirchner dio la indicación que no se iba a cambiar ni una coma y terminó la reunión con la firma de un dictamen de mayoría del oficialismo y uno de minoría de la oposición. Ni siquiera incluyeron la disposición transitoria por la cual los jueces que renunciaran podrán acogerse al viejo régimen y no al nuevo de la presente ley.

Al día siguiente, la ley se aprobó en Diputados, en una sesión que se inició con el polémico quorum que permitió la presencia de Daniel Scioli. Con el fracaso de Diputados, los jueces pensaron que al día siguiente iba a darse una sesión relámpago en el Senado, para terminar de aprobar la ley. Pero lo que vino fue una semana entera en la que volvieron a proponer cambios que nadie aceptó.

Así fue que se llegó a la reunión de comisiones en el Senado, inicialmente sin invitados por indicación de Cristina Kirchner, que buscaba firmar sin mayores dilaciones el dictamen de mayoría. Pero, a último momento, los jefes de bloque convocaron nuevamente a los jueces y al Gobierno para al menos escuchar las dos campanas antes de elaborar el dictamen definitivo que iba a tratarse en el recinto.

Mientras los jueces hablaban ante la comisión, el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, Luis Mayans (Formosa), pidió la palabra y, sin ponerse colorado, propuso ir firmando el dictamen del oficialismo, porque los legisladores perdían sus vuelos para regresar a su provincias. Y firmaron, ya sin que sea necesaria ninguna explicación judicial.

Con esta lectura, los jueces creen que el texto que esta tarde se convirtió en ley, si bien surgió inicialmente del Gobierno, fue moldeado por el poder de Cristina Kirchner. Para los magistrados, la vicepresidenta fue quien determinó que el proyecto se aprobara a libro cerrado, sin cambios y se transformara en un nuevo ataque contra el Poder Judicial.