Fernando GonzalezHace menos de un año, un 24 de marzo en el que se conmemoraba otro aniversario del golpe militar, Sergio Schoklender compartía una tribuna casi de campaña en el Mercado Central con Amado Boudou, Débora Giorgi y Guillermo Moreno. Esa misma persona acusa ahora a quienes fueron sus aliados y describe con detalle como se piden coimas para se pongan en marcha obras financiadas por el Estado. Semejante información serviría en cualquier país para que la Justicia o el Parlamento investiguen a fondo si es cierto que existe ese agujero negro de la corrupción.
Pero el resultado electoral del 14 de agosto parece haber anestesiado a los poderes de control en la Argentina. Es cierto que a raíz de sus antecedentes (el peronismo lo salvó de un juicio político y él cerró velozmente la causa por presunto enriquecimineto ilícito de los Kirchner), la opinión pública no toma en serio la actuación del juez Norberto Oyarbide, a cargo del caso Schoklender. Pero cuesta un poco más entender la falta de energía en este tema de los legisladores de la oposición (ver pág. 7).
Tal vez, hasta el resultado de las primarias tenga que ver con esa sensación. Es difícil que la sociedad le confíe la administración del poder a aquellos dirigentes de la oposición que hoy no realizan el máximo esfuerzo para controlar desde el Congreso la utilización que el Gobierno hace de los fondos del Estado.
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