El conflicto salarial de los judiciales cumplirá mañana veintidós días (incluidos los fines de semana), a pesar de que la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria (desoída por el gremio) y el Gobierno considera "ilegal" la medida de fuerza desde el pasado viernes.

La huelga ingresará mañana en su quinta semana con incertidumbre en torno a lo que resolverán las asambleas de las distintas jurisdicciones sobre la "última, final y consensuada entre los tres poderes" oferta salarial del Ejecutivo.

Durante este fin de semana se espera algún tipo de contacto entre funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, mientras la dirigencia del gremio analizaba anoche otras alternativas. En todos los casos se intenta destrabar un conflicto que se ha venido mostrando como "irreductible".

Mañana a las 18 las asambleas de judiciales deberán decidir si aceptan o rechazan una oferta que significa alrededor de 300 pesos más de bolsillo para la mayor parte de los empleados judiciales, concentrados en las categorías 12 a 14 del tramo técnico administrativo.

Una de las mayores dificultades para solucionar el conflicto es la enorme dispersión salarial existente en la actualidad en Tribunales, que surgió como consecuencia del acuerdo alcanzado entre los poderes Ejecutivo y Judicial a comienzos de la gobernación de Celso Jaque.

Es que si bien este entendimiento solucionó -aunque sólo parcialmente- el conflicto de relación existente entre la Gobernación y la Suprema Corte, dispuso el "enganche" de los haberes de los magistrados mendocinos con los de la Justicia Federal.

Esto disparó para arriba los ingresos de los jueces, procuradores, fiscales y defensores mendocinos, que rápidamente se distanciaron, tanto de los de funcionarios y personal jerárquico como de los empleados "rasos".

Y esto ha derivado en una ruptura interna del Poder Judicial que se evidencia en la feroz puja existente por el reparto de los recursos de Tribunales, lo que -por dos años consecutivos- ha dado origen a los mayores reclamos estatales de la provincia.

Los sueldos

En la actualidad, el promedio del haber mensual de los jueces mendocinos es de 19.000 pesos, mientras que el de los secretarios y personal jerárquico alcanza los 6.500 y el de los empleados de 3.200 pesos.

Así se desprende de los números oficiales del Presupuesto 2010 del Poder Judicial que prevé una erogación anual de 387 millones de pesos, de los cuales 358 millones se destinan al pago de salarios (tanto de magistrados como de personal y previendo nuevo personal), sólo 5 millones para bienes corrientes, 12 millones para el pago de servicios, casi 6 millones para bienes de capital y 6 millones para obras.

El Poder Judicial mendocino funciona con 390 magistrados; 1.000 funcionarios y personal jerárquico y 3.000 empleados técnicos y administrativos. Los jueces se llevan el 27% de los 358 millones de pesos (97 millones) mientras que el personal -tanto jerárquico como "raso"- el 73% restante (261 millones).

Esto implica que un magistrado tiene un ingreso nunca menor a los 10 mil pesos (un juez de primera instancia que recién se inicia) y hasta los 30.000 pesos (un juez de la Suprema Corte con más de 40 años de servicio).

En cambio, los números son sustancialmente diferentes en el resto del Poder Judicial. Entre los funcionarios y personal jerárquico (mil personas que revistan en las categorías 1 a 8) los sueldos oscilan entre los 4.000 pesos (un secretario de juzgado que recién se inicia) a los 9.500 pesos (un secretario de la Corte con antigüedad) con un promedio de 6.500 pesos.

Y tanto en los empleados técnicos y administrativos (categorías 9 al 14) como en los obreros de maestranza (categorías 17 a 25) -en total unas 3.000 personas- se recibe desde un mínimo de 1.750 pesos (por cláusula de garantía nadie puede cobrar menos) a un máximo de 4.500 (un jefe con antigüedad), con un promedio de 3.200 pesos.

Esta situación ha golpeado muy fuerte en los judiciales, donde las brechas salariales -históricamente- han sido menores respecto de los jueces (con los que estuvieron "enganchados" hasta hace poco) y mayores con relación al resto de los empleados públicos (a quienes superaban largamente en ingresos).

Caldo de cultivo

Las cuatro semanas de conflicto en el Poder Judicial de Mendoza este año (y las tres del año pasado) reflejan la feroz respuesta que provoca en los empleados su pérdida de ingresos relativos.

Todo indica que el "enganche" del ingreso de los magistrados provinciales con los federales va a seguir agravando hacia el futuro las diferencias salariales en el Poder Judicial. Y esto aparece como un caldo de cultivo latente que promete estallidos cíclicos o prolongaciones de los conflictos en Tribunales.

El tema aparece también -hacia el futuro- como una señal de alerta para las finanzas de la provincia de Mendoza: es que el "enganche" nacional encadenó al Estado mendocino a hacerse cargo de una erogación creciente cuyo volumen no depende del ritmo de los ingresos de la Provincia, sino de decisiones que se adoptan fuera de Mendoza y que no contemplan las

posibilidades de pago locales.