Durante la última sesión del año por parte de la Legislatura, el gobierno comarcano sumó un nuevo capítulo de disputa con el Colegio de Abogados de Tucumán, puesto que la mayoría oficialista aprobó la iniciativa en la cual se estipula que los fondos existentes en depósitos judiciales, en lugar de ser manejados por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores (CPSSAP), serán asimilados al régimen de cuentas oficiales administradas por el Poder Ejecutivo.

Dicha ley sumó el rechazo del arco opositor como así también de los letrados locales quienes advierten que en caso de no ser vetada esta norma, por parte del gobernador José Alperovich, se recurrirá a la justicia para impedir la aplicación fáctica de la misma. pues argumentan que se corre el riesgo de caer en un grave desfinanciamiento de la CPSSAP.

Vale indicar que al cumplirse tres años sin que se registren movimientos, las cuentas trabadas por la justicia eran administradas por la Caja, que las depositaba en un plazo fijo con el objeto de usufructuar con el producto de los intereses, hasta que una sentencia defina el destino de los montos afectados.

Sisto Terán, el impulsor del proyecto en cuestión, al momento de argumentar los lineamientos del mismo, sostuvo que existen alrededor de 68.000 cuentas judicializadas que fueron depositadas en el Banco del Tucumán, alegando que "resulta injusto que la entidad financiera reciba este dinero para redundar en operatorias para su propio beneficio".

Asimismo, planteó que, con la ley anterior, si todo litigio se extendía por más de tres años, los dineros depositados "ya no eran más de los litigantes sino que pasaban a formar parte de la Caja". Dicha aseveración, le valió la queja de letrados presentes en la sesión, quienes, al grito de "eso es falso", interrumpieron la alocución del justicialista. Debido a la situación acaecida, el presidente de la Cámara, Regino Amado, tuvo que conminar a que se mantenga el orden, de lo contrario se desalojaría la sala.

Terán, en su defensa de la normativa y en aras de transparentar el manejo de los fondos involucrados, indicó que la aplicación de la ley no será con un carácter de retroactividad, además de aclarar que "no se producirán cambios en las cuentas corrientes, es decir, en la titularidad del dominio". A su vez, alegó que solamente el juez interviniente en las respectivas causas llevadas adelante será el único que se encuentre facultado para determinar el grado de inmovilización o no de las cuentas.

Finalmente, el legislador alperovista expresó su preocupación por el verdadero destino de los fondos pues "si la Caja tiene necesidades de financiamiento no me imagino lo que pueda ocurrir con los litigantes porque desaparecen las cuentas y pasan a ser recursos para manejo por parte de la propia Caja", sostuvo.

Por su parte, quien se manifestó en contra de este proyecto fue el democristiano José Paéz quien, al tiempo de indicar que de la CPSSAP dependen 7.000 profesionales, entre activos, jubilados y pensionados, "la Caja no se apropia de los fondos, sino que los toma en custodia y los libera a favor de los litigantes. Este sistema se mantuvo pacíficamente siempre en beneficio de responsabilidad del Estado como es en el tema de la seguridad social".

En tanto, Eudoro Aráoz, presidente del Colegio de Abogados, indicó a EL SIGLO que la ley perjudica a la Caja y no beneficia a nadie, por lo que carece de razonabilidad.

"Esta norma viola groseramente el principio de progresividad sostenido reiteradamente por los organismos internacionales de derecho, porque coloca una institución como la Caja en una condición de inferioridad a la que le otorgaba otra normativa respecto al manejo de esos fondos, que no le son propios, sino de los justiciables", recalcó Aráoz.

Además, agregó, "es una clara violación de principios constitucionales, porque las leyes provisionales son de carácter protector y de orden público, que deben ser modificadas solamente con argumentos razonables y no hay ninguna razón que justifique el manejo de esas cuentas por parte del Poder Ejecutivo".

El titular de la entidad colegiada graficó que la cifra anual en intereses que percibía la Caja es de 12 a 15 millones de pesos, es decir el 0,10 por ciento del presupuesto provincial, "que de ninguna manera significan un ingreso útil para Estado, pero si ponen en serio riesgo de desfinanciamiento a la entidad".

Aráoz, adelantó a este medio que solicitaron una audiencia con Alperovich para solicitarle que vete la norma, caso contrario, se plantea recurrir a la justicia. "De hecho ya hay abogados de nuestra institución trabajando en los planteos judiciales a realizar contra este atropello institucional. Estamos viendo los déficits jurídicos y constitucionales que tiene esta norma para objetarla en los Tribunales", advirtió el letrado.