Los reclamos fueron creciendo desde el día que se conoció la flamante nómina de las 360 familias que recibirán sus viviendas, construidas por el Plan Federal Plurianual. La demora en saber los beneficiarios ya había generado quejas como también la postergación en la entrega de las nuevas unidades habitacionales, emplazadas en la zona norte de la ciudad.

El lunes de la semana anterior, el IPAV dio a conocer el listado oficial de adjudicatarios y se inició el proceso de preentrega, tramitación que se desarrolló hasta el viernes pasado en la sede del club Cultural Argentino, donde los empleados del organismo recibieron la documentación de los beneficiarios, como también los planteos de impugnaciones.

Desde un primer momento, un grupo de unas 20 mujeres, todas jefas de familias, comenzaron a cuestionar la selección de los beneficiarios y pusieron en marcha un plan de lucha. Durante dos días mantuvieron sus airadas quejas frente al club donde el IPAV atendía al público. Pero luego decidieron manifestar frente al edificio de la municipalidad.

Durante la primera jornada de lucha frente a la intendencia, el grupo se limitó a demostrar su descuerdo con el IPAV a través de carteles y aplaudidas frente al edificio. Pero al día siguiente, la protesta creció en intensidad y se sumaron algunas otras familias. Para mostrar el descontento, quemaron varios neumáticos y cortaron la avenida San Martín por algunos minutos.

Funcionarios del gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, recibieron a las delegadas del grupo para escuchar los cuestionamientos y en qué se basaban las quejas. Más tarde, confirmaron que serían recibidas en audiencia en Santa Rosa, cita que ha sido pautada para mañana a las 9, donde podrán asistir tres voceras del grupo.

Esa propuesta pareció ser la salida política para descomprimir la situación social y desactivar la manifestación. Pero no fue así. Ayer, las mujeres mantuvieron la protesta frente a la municipalidad y regresó la columna de humo negro que emanaban los neumáticos incendiados. Además, fueron cortadas las calles en inmediaciones a la comuna, situación que se mantuvo por lapsos intermitentes, que obligaron a los conductores a desviarse del trayecto original.

Denuncia.

Como la manifestación no se desvanecía y el fuego de los neumáticos era cada vez más intenso, las autoridades de la Municipalidad de General Pico, a través de Valeria Malvicino, de la Dirección de Asuntos Legales, radicaron una denuncia penal en la Comisaría Primera.

En el escrito se pone en conocimiento a las autoridades policiales y judiciales de lo que está aconteciendo frente al Palacio Municipal. La denuncia dio intervención al fiscal de turno, Alejandro Gilardenghi, que deberá decidir qué medidas adoptadas y si llama a declarar a los participantes de la manifestación.

La actitud política de las autoridades municipales contrasta con la posición asumida durante el conflicto del campo de 2008, donde la ciudad estuvo sitiada con cortes de rutas y quemas de neumáticos, que imposibilitaban el libre tránsito.

En aquella oportunidad, los integrantes de los piquetes rurales no fueron denunciados sino recibidos por las propias autoridades políticas, que además formaron parte de las manifestaciones, promovidas por los líderes de los cortes ruralistas.