En mayo último hubo un fallido intento del oficialismo legislativo por sancionar una ley de expropiación de la entidad, que había sido intervenida en 2011 a raíz de su grave situación financiera, y que fracasó a partir de la resistencia que opuso la AB en representación de los empleados de la Caja Popular de Ahorros.

Hace dos semanas, el gremio bancario realizó una asamblea y por mayoría eligió como titular del Club al también secretario general del sindicato, Eduardo Bourlé.

El sábado pasado, la nueva conducción de la entidad cambió las cerraduras de sus instalaciones, lo que derivó en una denuncia judicial por parte de Ramón Ybarra, quien venía administrando la cantina, y se resiste a ser desalojado. Según el denunciante, a partir de un acuerdo con la intervención del Club, que estaba a cargo del alperovista Federico Rodríguez Herrera, realizó una fuerte inversión para acondicionar el bar a cambio de una concesión por cuatro años, cuya validez es cuestionada por la AB.

El mismo día en que se presentó esa demanda, tuvo lugar un operativo policial en el Club que, según denunciaron los dirigentes bancarios, fue realizado por efectivos de civil de la polémica Dirección de Investigaciones Criminales (D2) de la Policía e incluyó amenazas contra Bourlé.

Estas y otras medidas realizadas por ese estamento policial desencadenaron ayer en la presentación de un recurso de Habeas Corpus para proteger la integridad del sindicalista, con el patrocinio del abogado Emilio Mrad. Además, la AB denunció ante el Ministerio del Interior de la Nación las operaciones realizadas por la D2 y que consideraron "incompatibles con un Estado de Derecho".

"Ante la gravedad de los hechos acaecidos en las últimas horas, las amenazas sufridas por nuestro secretario general, Eduardo Bourlé, las presiones policiales y judiciales, las 'visitas' de vehículos sin chapa patente y las 'presencias extrañas' en las inmediaciones del Club Caja y de la propia sede de la Bancaria, el Secretariado de la Seccional Tucumán de La Bancaria, con la presencia del dirigente de la Bancaria Nacional, Carlos Cisneros, decidió este domingo tomar medidas preventivas, en resguardo de la institución y sus integrantes", informaron desde la entidad sindical, mediante un comunicado.

“Intereses y negocios del PE”

En la nota, firmada por Bourlé y Cisneros, entre otros integrantes de la conducción de la AB, se advierte que "a raíz de haber tocado intereses y negocios de personas vinculadas al Poder Ejecutivo provincial; ante una intrascendente denuncia policial realizada el sábado a las 10.20 por una persona que ocupaba la Cantina del Club sin contrato ni habilitación alguna, con una celeridad inusitada, en menos de dos horas, se realizaron en la sede del Club Caja Popular, medidas policiales, en las que intervino el D2 con la irrupción de personal de civil, que venían en camionetas sin patentes y tomando fotos y haciendo actuaciones que son incompatibles con un Estado de Derecho".

Desde la AB consideraron que "teniendo en cuenta las denuncias realizadas por entidades políticas y sociales, respecto a presuntas persecuciones y amenazas por parte de la D2, y los hechos acaecidos en la Facultad de Filosofía y Letras, debe llamar la atención a la sociedad toda. La Policía esta para brindar seguridad a los ciudadanos, teniendo en cuenta los altos índices de inseguridad en la provincia", acotaron.

Según entienden en el gremio bancario, lo ocurrido el último fin de semana "es una consecuencia de que con la normalización del Club Caja y la elección de autoridades en asamblea ordinaria, con el apoyo unánime de los asociados, se frustraron importantes negocios que pretendían realizar estos familiares y gente vinculada al PE provincial".

A propósito, advirtieron que en la entidad existe "un campo de disputas de hijos del poder e intereses económicos y políticos: Quien 'desmanejó' el Club y dio lugar a su intervención fue Marcos Jiménez Montilla, hijo de un camarista federal; quien presentó el proyecto para su expropiación es un legislador (Guillermo Gassenbauer), hijo del ministro Jorge Gassenbauer; y quien organizaba fiestas y eventos en el Club Caja y poseía una oficina propia y cerrada con llaves en la sede de Bolivar 1367 es el hijo del propio gobernador José Alperovich", argumentaron.

A continuación, recordaron desde la AB que "quien fue designado oportunamente como interventor del Club es un personaje llamado Federico Rodriguez Herrera, a quien trajo desde Buenos Aires Beatriz Rojkés de Alperovich y, según afirmaciones de Rodríguez Herrera, para servir y trabajar en la campaña para gobernadora de la actual senadora".

Por otro lado, afirmaron que "quien ocupaba la Cantina del Club, 'designado de palabra' por quien actuaba como Interventor y que aparece haciendo una denuncia policial, sin fundamento legal alguno, el señor Ramón Ybarra, es otro ahijado, esta vez de Alberto Kaleñuk, secretario privado del gobernador".

Tras aclarar que "el Club Caja es una Asociación Civil que no debe realizar actividad política ni partidaria", los dirigentes bancarios desmintieron que hayan existido amenazas contra quien trabajaba con una cantina en la sede. "Lo que sucedió en realidad es que este señor Ybarra no posee contrato de alquiler, ni habilitaciones de ningún tipo, no presentó documentación de que los empleados que trabajan para él no estén en negro", expresaron.

Denuncias

Amén del Recurso de Habeas Corpus presentado ante la Justicia provincial "en protección de la persona del secretario general, Eduardo Bourlé", el gremio denunció ante el Ministerio del Interior de la Nación "la indebida intervención del D2 -Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán- lo que resulta de gravedad institucional, nos pone en estado de indefensión y va en contra de las libertades individuales y de las garantías constitucionales que nos comprenden". Además, se resolvió "responsabilizar al PE por la integridad física de Eduardo Alberto Bourlé". Las actuaciones realizadas por la AB serán comunicadas y explicadas este lunes, a las 10.00, durante una conferencia de prensa convocada en la sede de calle Congreso 651 de la Capital.

Gassenbauer: “Sólo espero que hagan funcionar el Club y lo saquen adelante”

En mayo de este año, el legislador provincial Guillermo Gassenbauer presentó un proyecto de ley para avanzar con la expropiación del Club Caja Popular, que había sido intervenido, por decisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, en octubre de 2011, debido a la difícil situación financiera que atravesaba la entidad.

Mencionado por la Asociación Bancaria en la denuncia formulada ayer (ver nota principal), el parlamentario justicialista fue consultado por EL SIGLO acerca de la situación y sobre los presuntos intereses por parte del oficialismo que denunció la conducción de ese gremio.

"La verdad es que me entero por ustedes de estas denuncias, y desconozco totalmente que exista una situación como la planteada por parte de la Asociación Bancaria", aseguró el legislador.

Gassenbauer sostuvo que "ahora que Eduardo Bourlé se hizo cargo del Club, solamente espero que lo haga funcionar y lo saque adelante, pero no tengo idea de los intereses políticos de los que se habla en esa denuncia. Sólo espero que se haga lo mejor para la entidad", insistió.