El Gobierno nacional intimó ayer al Poder Ejecutivo porteño a hacerse cargo del subterráneo y el Premetro, después de que la semana pasada desde el macrismo resolvieron suspender de manera unilateral la participación de sus funcionarios en la comisión de trabajo que integran la Ciudad y la Nación para concretar el traspaso del servicio a fines de este mes. La administración de Mauricio Macri se adelantó un paso más y presentó una medida cautelar en la que le solicita a la Justicia que impida que la Casa Rosada disponga la transferencia definitiva.

“Intimamos formalmente, y con la inmediatez que la presentación del servicio público requiere, a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señala el texto enviado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, al Gobierno porteño.

Con esas palabras, la Nación rechazó la decisión de Macri de no hacerse cargo de los subtes, a la vez que le respondió la carta que envió el 1º de marzo pasado, a la que calificó de “ilegítima, irrazonable y arbitraria”. Asimismo, desde el Ministerio de Planificación advirtieron sobre “las responsabilidades civiles, administrativas y penales que su obrar intempestivo y antijurídico ameritan”.

Ante las quejas del mandatario porteño por la supuesta falta de cumplimiento de la Nación en relación con el pago del 50% del subsidio ($360 millones), De Vido subrayó que “el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el acta acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso”. A su vez, consideró que el Gobierno porteño apeló al artículo 2º del acta acuerdo –firmada el 3 de diciembre– para aumentar el precio del boleto 127 por ciento.

A pesar de que trascendió que el Ejecutivo nacional llevaría el tema a la Justicia, finalmente el Gobierno porteño se adelantó y judicializó el traspaso.

En el escrito que presentó en el fuero contencioso administrativo federal, el Ejecutivo de la Ciudad solicitó “una medida preventiva ante la probable continuación del proceso de transferencia unilateral que el Gobierno nacional promueve, avanzando éste con vías de hecho y decisiones unilaterales e inconsultas que afecten el servicio y pongan en riesgo las personas y bienes de los usuarios y los activos afectados a la prestación del servicio público”.

En ese sentido, le pidió a la Justicia que ordene al Gobierno nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos 3º, 5º y concordantes del acta acuerdo”.

Mientras en el artículo 3º del acta acuerdo –firmada por ambas administraciones– se hace referencia al pago del subsidio por parte de la Nación, en el apartado 5 se habla de un plazo de noventa días para terminar de acordar “cuestiones legales, económicas y administrativas” y del contrato de concesión.

Grindetti insiste con que no llegaron los subsidios

Después de que el Gobierno de la Ciudad presentó una medida cautelar en la Justicia, el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti apuntó: "El concedente es el Gobierno Nacional y el concesionario es Metrovías, queremos que la Justicia deje en claro esto para que los Subtes funcionen normalmente".

En ese sentido, Grindetti intentó excusar al mandatario porteño, Mauricio Macri, quien la semana pasada resolvió no hacerse cargo de los subterráneos: "Nosotros suspendimos la negociación por los problemas conocidos y queremos que quede claro de quién es la responsabilidad".

Y especificó: "Han hecho la mitad del depósito del subsidio, ese depósito va a Metrovías y el último aporte de febrero sólo hicieron la mitad del aporte”.

A su vez, el funcionario macrista aprovechó para reiterar algunos reclamos a la Nación: "Estamos de acuerdo con que los Subtes sean de la Ciudad, pero hay que poner en claro las inversiones que no se hicieron y cómo los recibimos".

Constitucionalistas coinciden en que el gobierno porteño ya tomó el servicio

La guerra política entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad por el traspaso de los subtes entró ayer en el terreno judicial. Mientras tanto, no queda claro quién es el responsable, por estas horas, de controlar el servicio. En ese contexto, las primeras voces de expertos le dieron la razón al Gobierno nacional en la disputa.

El constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que el acta firmada entre el gobierno nacional y el porteño por el traspaso del subte es "válida" y representa "un compromiso absoluto" de parte de la ciudad de asumir la transferencia de la concesión del servicio.

Sabsay explicó que en el segundo artículo del acta "claramente se especifican las facultades que da el manejo de una concesión, como la fijación de tarifas y el control" y en la tercer cláusula "se establece el valor" que la Nación debe pagar por un año.

Además, indicó que "ya hay un principio de cumplimiento a través del gobierno de la ciudad que fijó una nueva tarifa", en relación al aumento del 127 por ciento que se aplicó al servicio, que "está siendo ejecutado, sin oposición del gobierno nacional".

El letrado rechazó también la explicación macrista de que falta la aprobación de la transferencia por parte de la Legislatura porteña. "Es un argumento pobre. Si faltaba la aprobación de la Legislatura, no tendría que haber tomado ninguna decisión", dijo.

Otro constitucionalista, Eduardo Barcesat criticó la "aventura jurídica" de Mauricio Macri y señaló que al mandatario porteño le cabe la figura de "violación de los deberes de funcionario público en concurso con sabotaje".

"No corresponde la medida cautelar porque siendo el incumplidor el Gobierno de la Ciudad, no se puede sentir afectado como para hacer esta aventura jurídica", afirmó Barcesat, también apoderado legal de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Pierini hizo suyos los argumentos del macrismo

La titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, sostuvo que el subterráneo y el Premetro están a cargo y son responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. "No está en un limbo jurisdiccional", especificó.

En sintonía con el discurso del macrismo, Pierini manifestó que el subte "está bajo control del Gobierno nacional, no quedó en un limbo; no hubo una transferencia perfeccionada por la pura y simple razón que nada de lo hecho no tuvo aval de la Legislatura (porteña), que es la responsable en estos casos, lo único que hubo fue un acuerdo o un preacuerdo, sin contratos ni convenios".

En relación al aumento del precio boleto, que dispuso el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, un día después de firmar el Acta de traspaso, Pierini manifestó que "la tarifa es una resultante de la baja del subsidio" y sostuvo que es “muy difícil” que se pueda impugnar ese nuevo valor, que pasó de $1,10 a $2,50.

Según la defensora del Pueblo porteña, la controversia entre la Casa Rosada y la administración de Mauricio Macri por la transferencia del servicio se resolverá finalmente en la Justicia. "Va a terminar en la Corte Suprema, porque los conflictos jurisdiccionales tienen competencia originaria ahí", sostuvo.

Sin embargo, remarcó que este tipo de debates "son de orden político y debieran tener resolución política y no judicial, porque lo que la gente vota es a los gobernantes, que son los que deben sentarse a resolver los conflictos".