SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El conflicto por el fuerte aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros se judicializó desde ayer, con la presentación de un pedido de investigación ante la Fiscalía, por supuestas irregularidades en el trámite legislativo que culminó por consagrar un incremento escalonado superior al 60 por ciento, aplicable desde el próximo 14.

El pedido ante la Fiscalía Adjunta de la Cuarta Circunscripción Judicial fue presentado por las llamadas "organizaciones sociales y populares" de San Martín, y se fundamenta en lo que consideran "un atropello abusivo, de mala fe y con visos de inconstitucionalidad". En ese sentido, alertan sobre presuntas "acciones irregulares".

Recuerdan que "el aumento de casi un 60 % en solo tres meses es un atropello usurero y abusivo. Ni son los números del Indec ni de la canasta familiar, ni tienen relación con los aumentos de sueldos".

Entre otras, la presentación reúne a la Asociación Cristian González; ATE Salud; Cine Club Comunitario; Red de Educadores Rizoma; FM Comunitaria Pocahúllo; Comisión de Vecinos Sin Techo.

El escrito, que ayer fue entregado al fiscal Ignacio Oyuela, pide "revisar lo resuelto" por el Concejo Deliberante en su sesión del 27 de octubre, cuando los concejales Billorián, Insúa, Moreno, Chistik, Jara y Noya aprobaron el incremento. En ese sentido, piden que se investigue la denuncia de "supuesto amiguismo" entre uno de los ediles y la conducción de la empresa concesionaria, formulada por la concejal Emilia Otharán, una de las ediles que votó en contra de la iniciativa de ajuste tarifario.

También reclama que se investigue si se sancionó a la empresa por haber cobrado boleto durante la última jornada electoral, cuando el pliego de concesión obligaba a ofrecer ese servicio como gratuito. En este aspecto, conviene recordar que "Expreso los Andes" reconoció días después el error y no cobró boletos al domingo siguiente. Sin embargo, las organizaciones plantean que se investigue si hubo "mala fe" en ese acto de compensación.