Los trabajadores de la Policía Judicial ratificaron la huelga de 96 horas, que todavía no tiene fecha de realización.
Aunque todavía no tiene fecha para su cumplimiento, los trabajadores de la Policía Judicial decidieron seguir adelante con la medida de fuerza, que había quedado en suspenso mientras se dialogaba con las autoridades de la Fiscalía General.
Pasada la etapa de la negociación, ratificaron el paro y anunciaron que hasta el viernes reducirán la extensión de las asambleas, con lo cual la atención estaría garantizada.
Además, los empleados del Poder Judicial lanzaron su propia medida también para la semana que viene. Se trata de un paro por 24 horas previsto para el día miércoles 23, según confirmó la secretaria general del gremio, Irina Santesteban.
Las demandas
Los judiciales cordobeses reclaman al Tribunal Superior y a la Fiscalía General la reestructuración de la carrera para equiparar a la Policía Judicial con el resto de los trabajadores. Esto implicaría el ascenso del 80 por ciento de los casi mil agentes en esa situación.
En declaraciones a la prensa, Santesteban reveló que las medidas de fuerza fueron aprobadas en una asamblea de dirigentes y afiliados.
Movilización a Tribunales
Tras precisar que los empleados judiciales cumplirán la huelga el 23 del corriente con una movilización callejera hasta el Palacio de Justicia en la ciudad de Córdoba, la dirigente recordó que reclaman un reajuste salarial, aplicación de la "porcentualidad", incorporación de más personal y devolución de las horas descontadas.
Puntualizó que en el caso de la Policía Judicial, la medida de fuerza será por 96 horas "en fecha a determinar", reiterando que el Tribunal Superior no brindó ninguna respuesta a los pedidos de incremento salarial, mejoramiento de las condiciones laborales y provisión de elementos necesarios para sus tareas.
La titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial insistió asimismo en rechazar la acordada emitida días atrás por el alto tribunal ordenando instrumentar guardias mínimas en la Policía Judicial, argumentando que se trata de un "servicio esencial".
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