El titular del Sindicato Judicial, Raúl Belcastro, sostuvo que “aún no cobramos el aumento del 13 por ciento que el ministro nos había prometido”, dijo en alusión al ministro de Economía Víctor Cisterna.
Belcastro considera que la mejora salarial debe estar presupuestado en el 2012 “hay que tener previsto un incremento salarial, pero el presupuesto debería tener una cláusula para que se pueda reacomodar el sueldo ante una cuestión inflacionaria, el índice real de la gente que va al supermercado es distinto al índice del gobierno y en la próxima reunión haremos un aporte en este sentido”.
El Secretario General del SITRAJUCH confirmó que los trabajadores no han cobrado el incremento salarial dado por el gobierno del 13% “no entendemos que pasó y porque el Ministerio de Economía no lo ha autorizado cuando el ministro Víctor Cisterna ha manifestado que no había inconvenientes” recordando que el presupuesto en el mes de mayo era de 18 millones de pesos y hoy para terminar el año se necesitan 26 millones y medio, “por lo que lo de mayo no era irracional, era lo que se necesitaba para los incrementos salariales”.
El dirigente, lamentó que haya trabajadores judiciales por debajo de la canasta, “y pensaban que esta semana iban a cobrar el incremento por el compromiso asumido por el gobierno pero esto nos e ha cumplido”.
Reuniones
Raúl Belcastro mantuvo un encuentro con el presidente y vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger y José Luis Pasutti para delinear una agenda de trabajo, un principio de cuatro o cinco acuerdos que surgió a raíz de una acordada que el STJ dictó el mes pasado donde los últimos jueves de cada mes habrá una reunión de trabajo entre los magistrados, Pfleger y Pasutti y el sindicato.
Además dijo que los sindicatos patagónicos acompañados por la Federación fueron recibidos por el Foro Judicial instando a que todos los Tribunales de la Patagonia comiencen a abrir una negociación y acuerdos colectivos como el nomenclador único, elaborar convenios interprovinciales cuando se trata de la integración familiar y de políticas instituciones que se pueden ir fijando entre los poderes judiciales entre las provincias patagónicas.
“En esta primera reunión se empezará a diagramar los encuentros y esperamos que perdure en el tiempo mas allá de los que hoy estamos circunstancialmente en los cargos tanto los del gremio como los ministros, ojalá que esto se transforme en una acción, en espacios de discusión para solucionar cuestiones que tiene que ver con la vida de lo trabajadores”, explicó Raúl Belcastro que estuvo acompañado por el Secretario de Organización.
Calificó como auspicioso estos futuros encuentros “porque hay temas que se han planteado desde hace mucho tiempo lo que nos permitirá que los acuerdos alcanzados se vayan construyendo a lo largo del mes”
Nomenclador único
En opinión de Belcastro un nomenclador único para la Patagonia podría unificar los criterios salariales, “este es un tema importante un ideal pero hay que trabajarlo mucho, el Foro Patagónico lo tomo, le hemos girado un trabajo con los sindicatos para que se conozca la realidad de cada provincia y que a través de la Federación se llegue a la unificación del salario” recordando que el tema se discutió antes que el ex presidente Carlos Menem asuma pero no se pudo lograr.
Reforma del Código
En cuanto a la reforma al Código Procesal Penal que propone el futuro gobernador, Martín Buzzi, dijo que ellos ideológicamente cuestionan el Código porque la Cámara lo aprobó sin que haya consenso, “una reforma que en otros países han invertido 400 millones de dólares y en Chubut se hizo sin mayores costos y los operadores consideran que hay cosas que están bien y otras muy mal”.
Para el gremio es necesario hacer una revisión, “inclusive desde el gremio las oficinas judiciales no funcionan igual, hemos hecho una reunión para aportar cosas pero esto pasa por una decisión de hacer las cosas sin contar con los elementos” recordando las observaciones que hizo el Dr. Heredia que se fue antes que se nombre la Sala Penal.
Belcastro dijo que han pasado seis años y que debe revisarse, “porque la infraestructura no es la más apropiada y que baje el índice de los hechos delictivos pasa más por una política de Estado que desde la Justicia que es el último eslabón para solucionar las cosas”.



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