“Tenemos testigos de que se realizaron tareas de inteligencia con absoluta impunidad: sacaron fotos e hicieron filmaciones, y luego estuvieron recorriendo comercios aledaños con ellas preguntando por los compañeros registrados”, indicó Hugo Blasco, el titular del gremio, en conferencia de prensa realizada en la sede gremial de la capital provincial.

“Además de los descuentos decididos por la Corte como una forma de castigar a los trabajadores económicamente por hacer uso del legítimo derecho de huelga, la semana pasada detectamos que personal policial uniformado realizaba tareas de inteligencia”, detalló el dirigente. Y explicó: “Estaban filmando y sacando fotografías con absoluta impunidad y sin ningún tipo de reparos. Además, recorrieron comercios aledaños a tribunales con fotos de los trabajadores preguntando si conocían el nombre y qué hacían, entre otras preguntas. Esto es gravísimo. Ya lo denunciamos el jueves pasado ante a un funcionario del Ministerio de Seguridad y también se lo transmitimos a la Corte. Pero hasta ahora no tuvimos respuestas”.

Blasco explicó que los hechos denunciados no son episódicos ni casuales y que responden a las semillas de la dictadura militar, de la cual algunos procedimientos no han sido aún desterrados. "Hay una actitud represiva e intimidatoria para con la libertad sindical de los judiciales", aseguró.

Según dijo, la denuncia también se materializará a través de un hábeas corpus preventivo en el que los trabajadores judiciales plantearán esta situación.

De la conferencia también participaron integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otras organizaciones.

Vilma Ripoll (MST en Proyecto Sur), presente en la Conferencia de Prensa señaló: “Nos solidarizamos con la lucha de los judiciales y repudiamos la militarización y el espionaje de la policía que busca amedrentar y perseguir a los que luchan, en lugar de responder al reclamo salarial y la restitución de la Porcentual, ley vigente en la Capital y la mayoría de las provincias”.

En ese sentido, el titular de la CPM, Hugo Cañón, pidió la investigación de los hechos denunciados, destacó la lucha de cuatro décadas que lleva adelante el gremio de los judiciales bonaerenses y transmitió el dolor que le causa ser testigo de actitudes de esta naturaleza, "resabios de la dictadura militar".

Por su parte, Víctor Mendivil, de la Federación Judicial Argentina (FJA), señaló que los judiciales "tienen los salarios más bajos del país: mientras que en la provincia de Buenos Aires el que ingresa hoy al sistema judicial cobra 2.700, en Mendoza y en Chaco los ingresantes están cobrando 3.200 pesos, en Chubut 4.700 pesos, y en Neuquén y en Ciudad de Buenos Aires, 5.600 pesos".

La Suprema Corte de Justicia bonaerense convocó este lunes al Poder Ejecutivo y a los trabajadores judiciales a una mesa de diálogo para este martes a las 17.30, para intentar destrabar el conflicto con los trabajadores del sector, que ya lleva más de un mes.

El pedido se formuló ante la continuidad de otra protesta de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pero sin paro de actividades y, según consignó el máximo tribunal en su resolución de hoy, la convocatoria se sostendrá siempre y cuando el gremio no inicie otra medida de fuerza.