LA PLATA (Corresponsal).- Trabajadores judiciales organizados en la AJB continuarán con las medidas de fuerza durante la jornada de hoy para realizar otra movilización a la capital bonaerense con el fin de reclamar por un mayor incremento de sueldo que contemple un acercamiento al sistema porcentual. Los empleados denunciaron que en muchas departamentales tomaron las medidas en asambleas bajo la "intimidación" de una importante presencia policial que se apostó en los tribunales tras una orden del Ejecutivo dispuesta por un amparo de la Justicia.

El conflicto recrudeció esta semana luego de la medida cautelar redactada el viernes pasado por la jueza platense Miriam Ermili en la que aceptó un amparo promovido por el Colegio de Abogados de la Provincia. La jueza encargó al Ministerio de Justicia y Seguridad que garantice la seguridad, el libre ingreso, permanencia y egreso de abogados, funcionarios y judiciables de las dependencias del Poder Judicial. Disposición que el domingo obtuvo el apoyo del presidente de la Suprema Corte, Eduardo de Lazzari, mediante una resolución.

Ayer, los trabajadores de Morón, San Isidro, y Zárate-Campana denunciaron la presencia y la "intervención" de la policía de la provincia y hasta de la gendarmería nacional en las asambleas realizadas en los tribunales. En La Plata hubo una fuerte presencia policial, con vallado incluido, en los accesos al edificio del Poder Judicial. Tanto en Morón como en Quilmes votaron por extender la medida miércoles, jueves y viernes.

El titular de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco, dijo que el gremio "hará política y penalmente responsables al gobernador Scioli, al ministro Casal, al titular de la Corte, Eduardo de Lazzari, y a la jueza Ermili, de cualquier hecho de violencia contra trabajadores" o porque "no les permitan ejercer sus derechos por la presencia policial". El secretario adjunto del gremio, Daniel Pérez Guillen, en tanto dijo que "esta medida es una presión indirecta", y consideró que "no creo que de resultado. La solución sería conversar y negociar".

Según trascendió, el viernes, dirigentes de la AJB se reunieron con de Lazzari quien les habría manifestado la intención de pedirle al Gobierno una reunión para acercar a las partes.

Los trabajadores se mantienen en conflicto con el Ejecutivo en reclamo de un aumento salarial que tenga en cuenta la vuelta al sistema porcentual, compromiso que fue firmado por Felipe Solá en 2005, casi 10 años después de que Duhalde lo haya derogado. Pero tras dos rechazos a la oferta de aumento, el Gobierno cerró la negociación por decreto otorgando un 21% de incremento a los jueces de la Suprema Corte, un 24% para las categorías 15 a 19.50 y un el 26% al resto de los trabajadores de categorías más bajas. Y la suba significa un avance en menos de un punto sobre la "porcentual".

Las medidas de fuerza en los tribunales de toda la provincia de Buenos Aires comenzaron hace más de un mes y medio. Desde el primer paro del 7 de marzo fueron varios los días sin actividades en la Justicia.

La Suprema Corte pretendería, al igual que el año pasado, presentarse como mediador en el conflicto salarial que lo perjudica directamente. "Como cabeza del Poder Judicial, se tienen que sumar a la discusión -dijo Blasco-. Pero la Corte no quiere porque hacen las cosas dependiendo de sus conveniencias. Tiene mucho que ver en el conflicto; sabe que es ilegal lo que hace el Ejecutivo (de cerrar por decreto la negociación salarial) y tiene que llamarle al atención pero no lo hace".

Mientras tanto, los jueces del Alto Tribunal bonaerense se reunirán con otros perjudicados por el conflicto. Mañana recibirá a las autoridades del Colegio de Abogados para analizar mecanismos de agilización de notificaciones.

Eduardo de Lazzari convocó a los abogados en la resolución que firmó el domingo pasado donde consideró favorablemente la medida cautelar de la jueza Miriam Ermili pedida por el Colegio.

La Suprema Corte resolvió además "asegurar la atención de las mesas de entradas, que deberán permanecer abiertas durante toda la jornada judicial" teniendo en cuenta "que en el caso en que los empleados no presten funciones, los funcionarios y el propio titular estén a disposición de los letrados para su atención en la mesa de entradas" y en mesas receptoras de escritos, para que "se reciban todos los escritos que se presenten (con y sin habilitación)".

Instó a los magistrados "a que extremen los recaudos" para "que se celebren todas las audiencias fijadas" y encomendó a las Cámaras de Apelación Departamentales a cargo de la superintendencia el control efectivo del cumplimiento de las medidas dispuestas.

Ayer, un juez de La Plata desafió las medidas y se manifestó "muy preocupado por la actitud de policía de la Corte". Luís Federico Arias, del juzgado contencioso administrativo "el control exhaustivo en los juzgados agrava la situación" porque muchas veces "interviene y perjudica la gestión que venimos haciendo los jueces en cada juzgado para evitar conflictos".