Los trabajadores judiciales de Chubut realizarán mañana un nuevo paro en reclamo del cumplimiento de la Ley de Porcentualidad, lo que les permitiría acceder al 40% de incremento salarial que recibieron los magistrados y funcionarios judiciales mediante un acuerdo con el gobierno provincial.
La primera jornada de paro se realizó ayer con un “acatamiento masivo”, según el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh), José Luis Ronconi.
Además, los trabajadores que se reunieron ayer en asamblea analizaron adherir a la jornada de lucha provincial anunciada por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a concretarse el 27 de junio.
En ese marco, Ronconi indicó que mañana aspiran a “parar toda la actividad de Tribunales, con un acatamiento masivo”. Luego sostuvo que el gobierno no convocó al sindicato a pesar de que llevan más de quince días de medidas de fuerza, y lo acusó “de violar dos leyes en la provincia de Chubut”.
“La primera de esas leyes dice que es el Tribunal Superior de Justicia debe fijar los salarios de todo el poder. Y la segunda, y más importante para nosotros, es la Ley de Porcentualidad porque es producto de un convenio paritario que se firmó en el año 2005 y que la asociación de magistrados lo desconoce”, argumentó.
Para comprender el conflicto se debe recordar que las medidas de fuerza comenzaron cuando se dispuso un acuerdo salarial entre el gobierno provincial y la Asociación de Magistrados, la cual significó un aumento salarial del 40% sólo para ese sector, obviando la aplicación de la Ley de Porcentualidad que permitiría trasladar el incremento a los demás trabajadores según categoría.
En este esquema es que Ronconi cuestionó duramente al fiscal de Estado, Blas Meza Evans quien se encargó de negociar el aumento. “Advertimos que Blas Meza Evans fue el negociador de ese acuerdo y resulta que se estaba fijando el salario de su cargo, aunque él haya dicho que no lo va a cobrar, lo real es que el salario del fiscal de Estado está enganchado al salario de los jueces, pero además, también le fijó el salario a su mujer, que es funcionaria en la defensa pública”, cuestionó el dirigente gremial.
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