Los trabajadores de la Justicia provincial cumplieron el séptimo día de paro y todo indica que cerrarán la semana sin actividad y amenazan con extender la medida al sábado y domingo, lo que afecta directamente a las oficinas fiscales.
El magistrado se mostró preocupado por la situación ya que, si bien hay guardias mínimas y se continúan recibiendo las denuncias, hay plazos procesales que no se cumplen, lo que al final provocaría la caducidad de las causas.
"Estamos alentando fuertemente a que se logre un acuerdo", enfatizó el juez. Según explicó Nanclares, para salvar la situación la Suprema Corte declaró los días que los tribunales han estado virtualmente paralizados "inhábiles sin perjuicio de los actos cumplidos". Esto implica que "si se recibe una denuncia, el acto tiene validez pero no corren los plazos procesales para que los abogados puedan hacer la presentación de los escritos".
Pero la extensión, en el tiempo, del conflicto puede derivar en "una sanción procesal: caducidad de instancia" ya que "si el expediente no es movido por las partes se puede perder el derecho", sentenció.
Ante este panorama, Nanclares fue contundente en su pedido: "Que se destrabe (el conflicto) lo antes posible"".
Mientras tanto aseguró que el Poder Judicial presta los servicios mínimos. "Desde el punto de vista institucional está garantizado el servicio de justicia. Hay lugares esenciales en la prestación del servicio como sería el sistema penal por los problemas de seguridad donde las denuncias se reciben".
Sin embargo "en lo que sería la Justicia cotidiana o los trámites normales de los expedientes -aclaró el juez-, ahí es donde se ve afectado el servicio porque hay un alto grado de acatamiento al paro", detalló.
Carlos Ordóñez, titular del gremio que agrupa a los empleados judiciales, aseguró que hasta ayer todo estaba encaminado a que finalice la semana con paro. "Es muy probable, pero eso lo definirá la asamblea", aclaró.
Además de votar por la continuidad o no de las medidas de fuerza, también pondrán sobre la mesa llevar la lucha a las oficinas fiscales los fines de semana.
"Van a votar en toda la provincia si seguimos de paro y si extendemos esa medida a las oficinas fiscales el sábado y domingo", indicó Ordóñez, en referencia a las dependencias donde se toman las denuncias de delitos.
Por la parte oficial, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, ratificó que el lunes será el día para sentarse a negociar nuevamente.
"El lunes vamos a tener paritaria judicial y estamos trabajando sobre distintas propuestas. Siempre en el marco del diálogo y con voluntad de resolver los conflictos", dijo Adaro.
A contrapelo del discurso oficialista nacional que dice que "no hay inflación", el ministro marcó como una gran dificultad en las negociaciones el problema que acarrea el aumento de precios, su impacto negativo en los salarios y el drama de acordar un monto que resulte satisfactorio al trabajador.
Aunque no quiso hablar de valores ni porcentajes de aumento salarial, el titular de la cartera política reiteró que las cifras serán "en blanco".
"Este año podemos estar en condiciones distintas a las del año pasado, cuando se dieron sumas nos remunerativas. Estamos previendo dar sumas remunerativas, lo que se dice comúnmente en blanco y muchas van al básico. Esto implica mejorar progresivamente una pirámide salarial que muchos años se fue achatando", señaló.
Tanto Adaro como Nanclares coincidieron en que "día que no se trabaja, día que no se paga".
El ministro de la Suprema Corte destacó que se respeta "el derecho a huelga" y no se aplica "ningún tipo de sanción". pero "el día que no se trabaja, es día que no se cobra".
En el Ejecutivo ya ni siquiera es matera de análisis. Simplemente se hace el descuento. "Eso ya no se discute", ratificó Adaro.

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