La Asociación de Jubilados y Pensionados Autoconvocados (Ajpa), que viene reclamando desde hace años la deuda que tiene la Nación con el IPS, emitió ayer un duro comunicado en el que considera que dichos reclamos son legítimos y que la Nación "ha incumplido con sus obligaciones lo que motivó que se recurriera a la Justicia". Por ello, rechazan que el Estado provincial desista de la demanda que obra en la Corte para reinvindicar esos derechos.

"Es lamentable que el Gobierno de la Nación recurra a maniobras extorsivas para cumplir con sus deberes, mostrando una imagen desdibujada de lo que debe ser un gobierno serio. Sin lugar a dudas estas medidas, más allá de la decadencia moral de quienes las ejecutan, cuentan con sus cómplices locales. Los mal llamados políticos que creen que sumergiendo a la provincia en la pobreza pueden tener posibilidades eleccionarias en el futuro, a costa de la miseria por ellos sembrada", dice el documento.

El rechazo a desistir de las demandas, dice esta asociación, es coincidente con la del Gobierno provincial "Nos oponemos a que se renuncie al cobro de las deudas contraídas con el IPS. La provincia de Corrientes con 25 mil jubilados no puede cobrar una deuda de 90 millones de pesos acumulada durante 10 años y Santa Cruz con 12 mil jubilados ha recibido en un solo año más de 300 millones de pesos", denuncian.

En este sentido, la Ajpa aconseja que los jubilados y pensionados deben preguntarse "qué trámites han realizado los funcionarios correntinos amigos del poder que están en el gobierno nacional para lograr la remesa de los fondos adeudados y si, por lo contrario, han hecho algo para que estos fondos no sean remitidos".

Al respecto, reclaman que "se identifique a los responsables, y se lo tenga en cuenta para cuando quieran presentarse como salvadores de la provincia".

"Nuestra asociación", resaltan finalmente, "es ajena a cualquier embanderamiento político, pero no por ello deja de observar la realidad y tiene la obligación de alertar sobre ello a la clase pasiva. No hacemos un juicio de valor sobre los partidos si no sobre la conducta de quienes, por intereses personales, ambiciones políticas, nos mantienen marginados".