El primero es histórico: una ley aprobada por Frondizi creó el 82% móvil y desde ese entonces hasta hoy, se transformó en un derecho adquirido inamovible. El segundo es social: está claro que el haber promedio actual no satisface el nivel de vida deseable para buena parte de la clase pasiva, carcomido además por una inflación que crece a un ritmo peligroso y sin distinguir víctimas. El tercero es político: hoy la dirigencia se siente impulsada a saldar una deuda que ha ido creciendo a la par de las sucesivas crisis económicas que vivió la Argentina.

Todos estos argumentos son razonables y atendibles. Pero el imperativo que falta es el de la responsabilidad. Las fórmulas que encaren el Congreso o el Ejecutivo tienen que tener el consenso de la CGT y las empresas, para poder graduar de ese modo plazos y urgencias. Cualquier solución que se impulsa para resolver este problema no puede hacerse en contra de la voluntad de un sector, porque si se vacía un bolsillo para llenar otro, lo que único que se consigue es incubar un nuevo reclamo.