No cabía la menor duda de que el gobierno de San Juan iba a reaccionar ante el amparo que dio lugar el juez de San Rafael, Mendoza, Héctor Acosta, contra el decreto 699 de la promoción industrial.

Así es que esta mañana el Jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Guillermo De Sanctis se presentó ante el Juez Federal Leopoldo Rago Gallo para presentar una “acción judicial declarativa de certeza con medida cautelar ante el segundo Juzgado Federal, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, solicitándole reafime la absoluta legalidad, vigencia, efectividad y operatividad del decreto 699, que es el que dio los nuevos beneficios de promoción industrial por el Poder Ejecutivo Nacional”.

La reacción del gobierno sanjuanino se hace en bloque con tras provincias que también se ven afectadas por la medida cautelar que diera lugar el mendocino Héctor Acosta. Tiene que marcarse que este magistrado cuenta con algunos antecedentes pues tuvo un dictamen en contra de la provincia. Así es que no es de extrañar que haya este tipo de medidas ante una provincia que ante los beneficios que obtuvieron en su momento las provincias del Acta de Reparación Histórica con la le y 22021 se opuso tenazmente e incluso terminó negociando una compensación por 600 milllones de pesos durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La realidad es que la actitud mendocina se repite ante este nuevo régimen que no es una promoción industrial en si, sino que es un sistema de promoción del trabajo y el empleo. Vale decir que los industriales podrán diferir hasta el 40 por ciento de los impuestos sobre la base salarial ocupada.

Las hipótesis que maneja el gobierno sanjuanino es que si el juez federal de San Juan da lugar a la medida cautelar se puede “declarar la plena operatividad del decreto 699 y darle continuidad”. Esto llevará a que San Juan pueda avanzar con la aplicación del decreto de los trámites con Nación y de ese modo poner en marcha el nuevo sistema de promoción industrial. De ser así “la medida del magistrado sanjuanino neutralizaría la del mendocino que declaró una medida cautelar suspendiendo el decreto. “Una medida de un juez federal en contrario de la de otro juez federal repele la anterior y readquiere la vigencia total que ya tiene el decreto”, dijo De Sanctis.

Cuando están dos medida en contra una de la otra se podría estar configurando el presupuesto del escándalo jurídico que tiene que definir un tribunal superior, en este caso la Corte Suprema de Justicia.

Ante el supuesto de escándalo jurídico es el tribunal supremo el que realiza el control de legalidad y constitucionalidad de las normas.

De todos modos, se tiene que considerar que la acción hecha ayer por el gobierno es autónoma, en la que se le pide a la Justicia Federal reafirme la validez y operatividad del decreto 699 emitido por el poder ejecutivo sobre promoción industrial.

De todos modos, los sanjuaninos son cautos a la hora de analizar lo que se viene pero esperan que una vez conseguido un dictamen de Rago Gallo, la decisión de la Corte de Justicia puede demorar bastante tiempo y con ello conseguir poner en marcha el decreto. Una vez en marcha con empresas recibiendo los beneficios de la norma, aparecen los derechos adquiridos y de esa forma es muy difícil retrotraer la medida al planteo de la provincia de Mendoza.

De Sanctis sostiene que “no hay que dar por consumado nada, recién el juez Rago Gallo está estudiando nuestro planteo”.

Planteos reiterados

San Juan no es ajena ante los ataques continuos de Mendoza ante algún tipo de beneficio impositivo o fiscal.

Luis Barriga Blanco en su artículo “Mendoza la víctima propiciatoria”, el primer embate de Mendoza contra San Juan se da “en 1825 cuando es depuesto el Gobernador Del Carril, por la sanción de la 1ª Constitución Provincial, conocida como “Carta de Mayo” este huye a Mendoza y pide auxilio a su Gobierno, por ello la Sala de Representantes, presidida por Tomas Godoy Cruz sanciona una Ley Provincial por la que se autoriza al Poder Ejecutivo de Mendoza “a intervenir en los asuntos de San Juan como crea conveniente”, ante este atropello a la autonomía sanjuanina, el Gobernador Electo por el Pueblo luego del derrocamiento de Del Carril, pide asistencia a Córdoba, lo que no tiene eco. Mendoza pone al frente de sus tropas a los hermanos Aldao y en La Rinconada se da la primera batalla por la autonomía de San Juan, de la que resulta perdedora San Juan, debiendo indemnizar a Mendoza con cerca de pesos fuertes veinte mil por los gastos generados, lo que sumió a San Juan en la miseria por los pagos que debió efectuar a Mendoza. Esto recuerda a Inglaterra que adquirió su patrimonio históricamente a través de hacerse cargo de territorios y/o bienes en concepto de indemnización de guerras de las que había salido triunfante”.

De todos modos están otros hechos que beneficiaron a San Juan, como fue el programa de mejora de tierras áridas por el cual la provincia de Mendoza pudo impulsar su vitivinicultura. Algunas estimaciones del doctor Américo Clavel indican que durante la década del 60 al 70, Mendoza consiguió diferir impuestos por casi 50.000 hectáreas de viñedos.