La senadora nacional del Partido Liberal, Josefina Meabe de Mathó, se encargó de aclarar su situación previsional que días atrás fue puesta en duda a través de versiones periodísticas.

Lo hizo a través de una misiva enviada a los medios de comunicación en la cual informó sobre distintos detalles que hacen al cuestionamiento planteado mediáticamente.

EL LIBERTADOR tuvo acceso a las documentaciones en las que la senadora Meabe hizo constar la invalidez de la acusación. Entre ellas, una nota enviada a la propia interventora del Instituto de Previsión Social (conocido por su sigla IPS) Estela Regidor en el año 2009, donde comunicó sobre su vuelta a la actividad como Senadora de la Nación, por lo que pidió la suspensión de su jubilación ordinaria que le fuera otorgada por Resolución Nº 2.834/09 (ver facsímil en página 3).

Es conveniente recordar que días atrás algunos medios publicaron que la referente del Partido Liberal, Josefina Meabe, además de su salario en el Congreso, pretendía percibir un beneficio previsional de 50 mil pesos por haber sido diputada provincial.

Ante esto, la Senadora nacional decidió acallar los murmullos mediáticos con pruebas. Pero además de probar que nada de lo que se dijo era cierto, se encargó de asegurar que sigue siendo objeto de "maniobras políticas absurdas" que intentan desprestigiar para "tapar las verdades" que viene advirtiendo en la sociedad correntina, tal como reza la misiva a la que tuvo acceso EL LIBERTADOR.

La nota a la que se hace referencia señala lo siguiente:

"Por la presente me dirijo a toda la ciudadanía correntina a efectos de desmentir categóricamente la información publicada en varios medios gráficos y digitales el día 13 de septiembre de 2012. Nuevamente soy objeto de maniobras políticas absurdas que intentan desprestigiarme para tapar así las verdades que día a día vengo advirtiendo a toda la sociedad correntina.

En tal sentido es una falacia que percibo una jubilación de privilegio de 50.000 pesos.

Lo cierto es que días antes de finalizar mi mandato como Diputada provincial, a mis 70 años de edad, el Interventor del Instituto de Previsión Social de la Provincia me otorgó por Resolución 2834/09 de fecha 7 de diciembre de 2009, el beneficio de jubilación ordinaria.

Días después, el 10 de diciembre de 2009 juré como Senadora de la Nación Argentina, lo cual implicó que continuara en actividad.

Esta situación referida a mi vuelta a la actividad como Senadora de la Nación fue comunicada al IPS en el plazo legal, según consta en el expediente, el día 26 de febrero de 2010, solicitando que siga en suspenso el pago de la jubilación que oportunamente se me otorgara. Es así que la doctora Regidor dictó la Resolución Nº 448 del 15 de marzo de 2010, en la cual dispone seguir manteniendo en suspenso el pago del beneficio otorgado (ver facsímil en página 3).

Es decir, mi beneficio que fue determinado en la suma de 6.270,13 pesos nunca fue cobrado (ver facsímil en página 3) por no dársele de alta en el sistema debido a la comunicación que "yo" efectuara en tiempo y forma tal como lo marca la Ley.

Quienes pretenden difamarme distorsionan la información de una manera engañosa diciendo que percibo una jubilación de privilegio. Reitero que el beneficio otorgado no es de privilegio, es una jubilación ordinaria conforme Ley Nº 4.917/95, y asimismo el beneficio nunca fue dado de alta, por ende no pudo haberse percibido.

Por último, el monto de 50.000 pesos no existe, ya que ningún pasivo del sistema previsional provincial percibe ese monto.

Que la acción judicial a la que maliciosamente hacen referencia varios medios tuvo la finalidad de peticionar la inconstitucionalidad y nulidad de los decretos leyes 22/00 y 167/01 dictados durante la última Intervención Federal, para que se aplique el texto originario de la Ley 4.917, más precisamente el artículo 29, 3º párrafo, inciso "a", y que me permita optar por percibir mi jubilación provincial como ciudadana correntina, renunciando a mi dieta como Honorable Senadora de la Nación.

Es todo cuanto ocurrió.

En síntesis, no hice más que solicitar lo mismo que viene solicitando hace más de ocho años todo el sector pasivo y que obtuvieron respuesta favorable en todas las instancias por parte de la Justicia, inclusive de la propia Cámara de Apelaciones en lo Laboral y del STJ, quien sentó criterios jurisprudenciales novedosos en materia previsional.

Sin fundamentación seria a mi entender ni respaldo jurídico sólido, la acción de amparo fue denegada por la sola razón de la actora llamarse Josefina Angélica Meabe".