Antes de finalizar la reunión, cuando todavía restaba la firma del acta, los que enfrentaron los micrófonos fueron Ceferino Riela y Julio Acosta, secretarios generales de los gremios Sitraj (judiciales) y Luz y Fuerza La Pampa (energía), respectivamente. "Hemos pedido pasar a un cuarto intermedio, pero la propuesta del Gobierno no se apartó mucho del ofrecimiento que había formulado hasta ahora. Sólo disfraza el porcentaje que sigue siendo del 19% anual. Es evidente que no se quiere apartar de ese porcentaje anual", expresó el judicial.

Después repasó uno a uno los puntos ofrecidos por el Gobierno (ver Página 11) y fue escéptico en cuanto al efecto que tendría en los sueldos el otorgamiento de una recategorización (una categoría) para los trabajadores de la 643 y la 1279 que tuvieran por lo menos 4 años de antigüedad. "Les advertimos que hay tanto achatamiento en las categorías que eso no significa ningún tipo de remuneración especial o aumento", dijo.

Tarjetas.

Un tema que causó especial escozor fue la oferta referida a las tarjetas de crédito y débito del Banco de La Pampa. Se trata de un acuerdo que el gobierno cerró con algunas cadenas de supermercados para que otorguen descuentos del 10% (con un tope de 500 pesos por mes) a los estatales si abonan por esa vía la adquisición de artículos de primera necesidad, como alimentos, bebidas, ropa blanca y productos de limpieza. "Creemos que esto es caótico para los trabadores porque es endeudarlos más, meterlos más en el sistema financiero; y además nos preguntamos quién puede tener una devolución de 500 cuando estamos hablando de un sueldo de 3.000", razonó Riela.

El dirigente informó que las propuestas del Gobierno serán trasladadas a las bases. "Vamos a legitimar todo en asambleas con los compañeros, como corresponde a buenos dirigentes. Hay una desazón muy grande en la Intersindical, porque considerábamos que el 19 ó 20% para un primer semestre podría ser de un mayor impacto en los bolsillos para hacer frente a la crisis que soportan los compañeros, endeudados no sólo con el BLP o los préstamos del Instituto (de Seguridad Social) sino, lo que es peor, con las financieras privadas que se manejan con intereses leoninos", reflexionó.

Animo exacerbado.

El dirigente hizo hincapié en el contrasentido que promueve el gobierno, cuyas autoridades insisten en que no quieren endeudar a la provincia, pero instan a los trabajadores a contraer deudas. "Encima ofrecen porcentajes que no son acumulativos, y hablan de una suma fija de 1.200 pesos que reclamamos en diciembre y que se hizo efectiva en enero por una cuestión burocrática", amplió. Esto último refiere a que los funcionarios, al negociar los salarios de 2012, toman a su favor el pago realizado en enero, correspondiente al estímulo de las fiestas del año anterior.

"Respetamos la conciliación obligatoria, pero esto no hace más que exacerbar los ánimos, porque los compañeros están pagando el mínimo de la tarjeta y salen con esta propuesta. Además no nos conforma que el gobernador salga a decir que los paros son ilegales, que por ello llama a conciliación obligatoria, cuando quien debe decir si un paro es ilegal es la Justicia. No podemos admitir que alguien que se dice nacional y popular salga a golpearnos con esa idea. El gobierno no está escuchando la realidad de los trabajadores", completó Riela.

Oferta gremial.

Acosta explicó cuál fue la alternativa que acercaron desde la Intersindical, desde donde vienen reclamando un aumento anual del 35%: "Nuestra propuesta concreta es el 20% para el primer semestre y seguir discutiendo en julio el segundo semestre. Vamos a hacer asambleas en cada uno de los sectores, pero en principio debemos decir que no hemos recibido una propuesta satisfactoria".

Sobre si se habló del descuento de los días de huelga, el lucifuercista dijo que lo planteó Ricardo Araujo (secretario general de ATE), pero que fue soslayado por los funcionarios. "Nuestros abogados atacaron esta resolución gubernamental que hace agua por todos lados, pero el Gobierno en vez de calmar las aguas las agita más", concluyeron.

En un diálogo posterior con LA ARENA, Araujo recordó que la última recategorización que ofreció el Estado provincial se realizó entre los años 2005 y 2006, con lo cual correspondería que los trabajadores suban dos categorías y no una. En cuanto a la oferta referida a los concursos, aseguró que no es nuevo, puesto que ya se viene implementando.

Los gremios que estuvieron representados en la reunión fueron la Asociación de Trabajadores del Estado, UPCN La Pampa, Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), SOEM, Luz y Fuerza La Pampa, APEL (personal legislativo), Sitrasap (salud pública provincial), Sitravip (viales provinciales) y Sipos (obras sanitarias). Los trabajadores volverán hoy a las asambleas para bajar la propuesta a las bases y a las 10 se reunirán en la Mesa Intersindical.

"Una conducta perversa"

Carlos Ortellado, secretario general del Sitrasap, calificó de perversa la propuesta que realizó el gobierno respecto a los descuentos para los estatales que paguen con tarjetas de débito y crédito en determinados supermercados. "La perversidad de esto es que el mismo Ejecutivo empuja a todos los compañeros a endeudarse más en el sistema financiero. Es perverso lo que está haciendo el Ejecutivo. Lo que tiene que hacer es ver cómo le soluciona el problema salarial a los compañeros para que tengan capacidad de ahorro y que no le sigan pagando el mínimo como están haciendo siempre, porque con esto lo que hace es agravar más la deuda que tienen los trabajadores", dijo.

El dirigente también cuestionó otro de los cuestionamientos: el otorgamiento de una categoría para los agentes de las leyes 643 y 1279 con cuatro años de antigüedad. "Lo grave de esto es que nos darían una categoría para el que tenga cuatro años de antigüedad cuando la ley establece que tienen que ser tres años. Nos están pidiendo que seamos cómplices de una barbaridad, que es ir en contra de las propias leyes", protestó.

Propuesta para endeudarse un poco más

El gobernador Oscar Mario Jorge envió una vez más a sus ministros para dialogar con los sindicatos estatales. Ariel Rauschenberger, ministro Coordinador; Sergio Violo, Hacienda; Gustavo Fernández Mendía, Bienestar Social; y César Rodríguez, Gobierno, Justicia y Seguridad, junto al secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz, fueron los representantes de la Provincia en la sala Mechi Mario, en el tercer piso de la Casa de Gobierno.

Diego Alvarez, subsecretario de Trabajo, hizo las veces de mediador en la audiencia, puesto que su cartera fue la que convocó a la conciliación obligatoria la semana pasada, luego del paro de 72 horas. Al término del encuentro, Rauschenberger fue el vocero para explicar a la prensa la propuesta oficial.

Ascensos.

Los funcionarios puntualizaron que el aumento para este año incluye el 8% retroactivo a febrero, otro porcentual igual para junio (que representaría para el semestre un 16%) y un 3% para septiembre. "Esto en definitiva está dando el 19% con una composición distinta, escuchando el pedido de un 19% a junio", dijeron desde el Ejecutivo, según quedó expresado en el acta que las partes firmaron tras la reunión de anoche.

Además, el gobierno señala que prevé remitir un proyecto de ley a la Legislatura para otorgar a los empleados el ascenso a una categoría de la 643 (administrativos) y la Ley 1279 (carrera sanitaria), los que deberán tener como requisito un mínimo de cuatro años de antigüedad al 31 de diciembre de 2011, medida que alcanzaría a unos 5.600 estatales.

El ofrecimiento oficial a los trabajadores incluyó la suma fija de 1.200 pesos que el gobierno abonó en enero, por única vez. Esto, sostuvieron los ministros, representa un 30% para un sueldo de 3.000 pesos. Sin embargo, los sindicalistas sostienen que ese pago correspondió al año anterior, sólo que se pagó en enero por un retraso burocrático.

Concursos.

Otro elemento que el gobierno añadió a la propuesta fue la apertura de concursos de la Ley 643, para modificar la posibilidad de que en los próximos que se realicen tengan la posibilidad de concursar hasta cinco categorías superiores a las que tienen, siempre que tengan una antigüedad superior a los 10 años.

Por otra parte, los funcionarios expresaron que hay una intención de enviar un proyecto de ley para cubrir las subrogancias de la Administración Provincial del Agua (APA) y que los agentes que tienen cierta antigüedad puedan cubrir las categorías que subrogan. En idéntico sentido se analiza la misma posibilidad para los empleados de la Administración Provincial de Energía (APE).

A su vez, hubo otra oferta en particular para los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a quienes les cambiarían las condiciones actuales en cuanto a los viáticos que perciben cuando salen de campaña al interior de la provincia. En concreto se eliminaría el concepto de permanencia en casilla y se los abonaría a un 100 por ciento.

Débito y crédito.

El punto más novedoso -y cuestionado- de la propuesta fue el referido a los descuentos para los estatales que paguen sus compras de artículos de la canasta básica, en determinados supermercados, con las tarjetas de débito y crédito del Banco de La Pampa.

"Se habló con los supermercados y se ofrece a través del Banco de La Pampa que las compras que se realicen en la canasta básica y ropa, siempre que sean con tarjetas de débito o crédito, tengan una devolución del 10% del total de las compras hasta un máximo de $500 por mes de reintegro. Eso significaría un 7,7% de un sueldo mínimo garantizado. Esto para mediados de mayo o junio y hasta diciembre de este año", explicó Rauschenberger.

Sobre la oferta que acercaron los gremios (un 20% para el primer semestre), el ministro dijo que no vio una postura flexible y negociadora.

Cuatro horas y pocas definiciones

El gobernador Oscar Jorge encabezó ayer una extensa reunión con los responsables del Poder Judicial y Legislativo en la que "se habló de todo" pero sin abordar, específicamente, el tema salarial. Aún así, el gobernador reiteró que la provincia no está en condiciones de pagar lo que piden los gremios, reclamó a los sindicatos "propuestas innovadoras", e intentó traspasar a los diputados provinciales el conflicto salarial.

La cumbre entre los titulares de los tres poderes constitucionales se concretó ayer al mediodía en el despacho del gobernador Oscar Mario Jorge, quien recibió a sus visitantes acompañado por el ministro coordinador Ariel Rauschenberger y el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez. Por el Poder Judicial concurrió el presidente de este período, Tomás Esteban Mustapich, y por el Legislativo, la vicegobernadora Norma Durango, los vicepresidentes Juan Pablo Morisoli (PJ) y Carlos Bruno (Frepam) y los presidentes de los cuatro bloques: Daniel Lovera (PJ), Juan Carlos Olivero (Frepam), Darío Casado (Pro) y Sandra Fonseca (Comunidad Organizada).

La reunión comenzó puntualmente a las 10 y se extendió hasta las 14. A su término, hubo declaraciones de Casado, Bruno y Olivero, y del propio Jorge, todas por separado. En cambio, Durango, Morisoli, Lovera y Fonseca salieron por otra puerta, sin tomar contacto con la prensa, mientras que Mustapich -se supo después- se había retirado antes de finalizar el cónclave.

Informal.

Jorge se preocupó en presentar al encuentro como una reunión de carácter informal y trámite amable en la que se repasaron temas de actualidad y se habló de todo, sin poner foco en la cuestión salarial. En varias oportunidades remarcó que él no tiene ninguna obligación de convocar a los otros poderes a este tipo de encuentro, y que si lo hizo fue para cuidar la imagen institucional de la provincia. Un par de veces dijo que no hay ningún artículo de la Constitución Provincial que le imponga una obligación en este sentido.

A pesar de que hablaron mucho -entre ellos y con la prensa-, los interlocutores no fueron claros al detallar qué se dialogó en tan extenso encuentro. "Se nos ocurrió tener una conversación informal sobre montones de temas, la situación de la provincia en general", explicó el gobernador. "Lo que se conversó fue sobre la situación en general, la situación de recaudación, de cómo veía yo la cosa, y bueno... se trabó una conversación informal, abierta", detalló.

El conflicto con los gremios de la Intersindical "no es el tema que se trató", aseguró Jorge, revelando que fueron los propios legisladores los que al ingresar a la reunión le anticiparon que no le iban a preguntar sobre esta situación porque está, por ahora, dentro de las facultades del titular del Poder Ejecutivo.

No obstante, Jorge marcó una distancia respecto a esta afirmación. "La fijación de los salarios corresponde al Poder Legislativo", recordó. "El Poder Legislativo delega en el Ejecutivo la facultad de hacer actualizaciones salariales de acuerdo con las pautas de ingresos, porque ese límite también lo tienen ellos. Pero no, no se conversó el tema salarial", reiteró.

¿Estancada?

Cuando se le planteó que, a juzgar por algunos indicadores y ciertas opiniones, la provincia está estancada, sin crecimiento económico, el gobernador mencionó los 500 millones de pesos que invertirán las empresas -de los cuales 200 millones serán aportados a través de Promoción Industrial- y luego habló sobre el Acta de Reparación Histórica que otorga beneficios impositivos a cuatro provincias. "Lo que me preocupa -advirtió- es que los cuatro gobernadores se reunieron con Mendoza, que está quinta en el producto bruto del país" y que también quiere estos privilegios, una situación que complicaría aún más a La Pampa.

"La provincia está bien, está pagando al día, cumpliendo con los proveedores, estamos con una gestión presupuestaria como siempre hubo en la provincia que posibilitó tener un orden lógico y razonable", sostuvo el gobernador en respuesta al planteo de LA ARENA. "Vos pensá que si la provincia se queda sin plata y no le paga a los contratistas, no van a cobrar un montón de obreros".

"Con un esfuerzo grande hemos lanzado 1.961 viviendas para crear trabajo, tenemos muchas obras, es decir, todo un equilibrio económico; debemos tener 30 líneas de créditos, para todos los gustos, subsidiadas, en el Banco de La Pampa; la última fue de 180 millones, que concurrimos la Nación, la Provincia y el BLP a subsidiar 10 puntos, ¡10 puntos!, de los créditos. Ya se han colocado 84 millones, es muy difícil colocar 180 millones en el circuito económico de La Pampa. Se está dando un subsidio a los sectores del 10 por ciento, nada más y nada menos. Yo quisiera saber qué provincia hace eso. Me la traen y comparamos", desafió.

"La provincia de La Pampa está bien -reiteró-, estamos dentro de un contexto que está el país. He hablado con los supermercados preocupado por algunos productos, para ver qué pasaba, informarme, pero eso creo que ya está solucionado. Pareciera que el Impuesto a las Ganancias, la yerba y todo fuera un problema provincial, están mezclando tanto las cosas, que uno tiene facultades para ciertas cosas, para otras no".

"Fue una conversación informal, donde traté de informar a los señores diputados sobre montones de temas", reiteró el mandatario cerrando la rueda de prensa.

"No cortar el diálogo"

El presidente del bloque del Frepam, Juan Carlos Olivero, y el vicepresidente segundo de la Legislatura, Carlos Bruno, participaron ayer de la reunión que el gobernador Oscar Jorge mantuvo con todo el arco político pampeano. Durante el encuentro, los diputados de la oposición le plantearon al mandatario provincial inquietudes referidas a distintos temas, ya que no se habló únicamente del conflicto salarial con los empleados estatales.

"Fue una reunión institucional. Con esto, no apoyamos la gestión de Jorge, sino que -durante la reunión- escuchamos y también realizamos algunas propuestas sobre diferentes temas que realmente nos preocupan demasiado", comentó Olivero ante los medios de prensa, y tras la reunión con el gobernador. En la misma, también estuvieron la vicegobernador Norma Durango, Darío Casado, diputado del PRO, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Morisoli, el titular del bloque del PJ, Daniel Lovera, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Tomás Mustapich.

Los diputados del Frepam, por otro lado, celebraron la convocatoria del gobernador Jorge, y señalaron que los encuentros tendrían que repetirse con más continuidad. "La reunión entre la oposición y el Ejecutivo no tiene que quedar acá, y tampoco debe limitarse a este conflicto. El dialogo es lo último que se puede cortar", señaló Bruno. Y agregó: "No nos interesa que al gobernador le vaya mal, todo lo contrario".

Desconocimiento.

Por otro lado, los legisladores del bloque opositor sorprendieron a la prensa al afirmar que desconocían la propuesta que el Ejecutivo brindó por la tarde de ayer a los gremios estatales reunidos en la Mesa Intersindical. "Tampoco se la solicitamos. Lo desconocemos totalmente. El gobernador, que es quien tiene la llave para destrabar el conflicto, nos dijo que la provincia no tiene recursos para pagar el 35 por ciento", afirmó Olivero.

Uno de los puntos que Olivero y Bruno le llevaron al gobernador en una nota es el de la necesidad de una Ley de Paritarias. "Es una herramienta fundamental para solucionar los problemas de fondo, porque no tiene que ver sólo con un aumento salarial, sino que también incluye las condiciones laborales de los trabajadores", dijo.

Los 14 puntos.

Los legisladores de la oposición le plantearon en una nota y verbalmente al gobernador Jorge 14 puntos sobre diversos temas de la agenda pública. "Eso se puede discutir cuando él (por Jorge) lo crea conveniente y pertinente. Podemos aportar para cambiar la provincia, pero no queremos cogobernar, sino que tenemos herramientas para aportarle", manifestó.

Los principales puntos que presentaron al mandatario son: el impulso y la concreción de una Ley de Paritarias para el sector público; crear el Consejo Económico y Social; desplegar una política hídrica que demuestre la firme voluntad del gobierno por recuperar el escurrimiento permanente del río Atuel; fomentar la utilización racional y el aprovechamiento productivo del río Colorado; recuperar la renta petrolera para todos los pampeanos; apoyar la Ley de Coparticipación Federal; apoyar a las Cooperativas, reviendo la Resolución ministerial 32/12; Plus Patagónico y mayor transparencia en la obra pública, entre otros temas.