El cierre de esta edición el gobernador Maurice Closs designó como jefe de la Policía de Misiones al comisario general retirado Jorge Héctor Munaretto, quien se desempeñaba como director general de Seguridad Ciudadana y Criminal en la subsecretaría de Seguridad y Justicia provincial, a cargo de Julio Lenzken. El decreto es el número 150.

Munaretto reemplazará a Benjamín Roa, quien presentó su dimisión pocas horas después de que estallara el conflicto policial que derivó en un acuartelamiento que se mantiene desde el martes a la medianoche.

Munaretto es un oficial retirado de Oberá -el reglamento policial permite que un retirado sea jefe- y como segundo seguirá -al menos por ahora- Víctor Rutschman.

“Por ahora no quiero hablar, prudencia y veremos cómo sigue la situación”, precisó anoche Munaretto a este diario, minutos después de haber sido designado en Casa de Gobierno.

No habría más cambios en la plana mayor, aunque no se descartan movimientos paulatinos y modificaciones en la estructura de las unidades regionales.

Asimismo, Closs convocó a las fuerzas de Reserva para que se incorporen al cuidado de la seguridad de la ciudadanía.

En otro decreto, decidió liquidar el sueldo del mes de febrero con un aumento del 40 por ciento a los efectivos policiales que se presentaron a trabajar en sus distintas dependencias en los días del conflicto.

Intransigencia

En el Gobierno señalaron que la oferta salarial realizada a los policías es una de las mejores del país con 40 por ciento para todos los niveles.

Pero ahora los sediciosos reclaman cinco mil pesos, lo que significa un 120 por ciento de aumento, incremento que ni siquiera es planteado por los sectores más duros de la lucha gremial.

“Este Gobierno ni el de ninguna provincia argentina, tiene los fondos para solventar semejante incremento con apenas un 20 por ciento de aumento en la recaudación”, indicaron. La oferta del Gobierno representa 150 millones de pesos anuales.

El pedido de 5000 pesos para quien se inicia, duplicaría a 300 millones de pesos el gasto público anual y sólo podría ser cumplido con un enorme aumento en la presión fiscal o pulverizando la obra pública.

Acciones judiciales

El Gobierno no descartó iniciar acciones judiciales contra los cabecillas del acuartelamiento por la usurpación y daños de bienes y espacio público.

Además, se investigaría si no hubo movimiento de armas de los arsenales en medio de la protesta. Hay vehículos que fueron dañados y, por ejemplo, al menos una de las autobombas que usaron para cortar el tránsito, tendría reventados los neumáticos.

Los penitenciarios aceptaron

Los primeros en aceptar la propuesta salarial que hizo el Gobierno fueron los efectivos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), quienes consideraron “muy buena” la recomposición y se desligaron del conflicto iniciado por los policías.