"El amparo ya está terminado", le confió a LA ARENA una alta fuente gubernativa pampeana, en alusión al trabajo ordenado por Jorge al fiscal de Estado, Alejandro Vanini, de plantear una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, si se concreta ese beneficio promocional a la provincia cuyana.

El famoso decreto 699 es el que prorrogó por 15 años los beneficios impositivos que cuentan las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan. "En el Boletín Oficial de Nación no hay nada referido a la promoción mendocina", aclaró la fuente, relativizando la afirmación en tal sentido realizada por las autoridades mendocinas encabezadas por su gobernador Celso Jaque.

La estrategia pampeana es la siguiente: de confirmarse la extensión de los beneficios promocionales a Mendoza, ir a la Corte. Hasta tanto esto no ocurra, utilizar el amparo como una herramienta política para persuadir a Nación de que también incorpore a La Pampa.

"No estamos en contra de Mendoza, lo que no estamos de acuerdo es que otra vez quedemos afuera de un incentivo impositivo para las inversiones", indicó el vocero del gobierno pampeano.

Verna.

Voceros de Carlos Verna negaron que el senador pampeano haya mantenido contactos con el Poder Ejecutivo Nacional para postergar un decreto que ampliaría las exenciones impositivas a ocho departamentos mendocinos, anunciado por el gobernador mendocino Celso Jaque aunque todavía nadie pudo probar que decreto presidencial haya sido firmado.

"Seguimos con el proyecto presentado, que actualmente se encuentra en la Comisión de Economías Nacionales, presidida precisamente por una senadora mendocina y del radicalismo (Laura Montero), quien también presentó el suyo. Y a ellos debe sumarse otro del sanjuanino (José Luis) Gioja. En todos los casos, se busca un régimen de promoción industrial para todo el país, aunque algunos sostienen diferencias de acuerdo al desarrollo industrial", le dijo a LA ARENA un colaborador del senador por el Bloque PJ-La Pampa.

Inversiones industriales.

La iniciativa de Verna tiene por objeto disponer una partida presupuestaria destinada a la promoción de inversiones industriales y establece un piso mínimo de 100 millones de pesos al año. Propone además que la autoridad de aplicación de la promoción sea el gobierno provincial y establece que sólo se aceptarán emprendimientos destinados a aprovechar la materia prima producida localmente.

"Pretendemos evitar que venga cualquiera y se dedique a armar lavarropas. Al contrario, la idea es que la producción primaria sea industrializada" en su lugar de origen, explicó la fuente, quien agregó que "en la Comisión de Economía Nacional e Inversiones existe la predisposición para unificar todos los proyectos".

La compleja agenda de asuntos por tratar en el Senado (glaciares, seguridad y 82 por ciento móvil para los jubilados) postergaría para octubre un eventual tratamiento de la promoción industrial.