Luego del unánime rechazo que la Cámara de Diputados manifestó el miércoles pasado a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que presentó la minera San Jorge para extraer oro y cobre en Uspallata, ahora la empresa se esperanza con un fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial que podría dejar nulo el procedimiento legislativo.

Cree que si el máximo tribunal declara inconstitucional la ley 7.722, que prohibió el uso de sustancias químicas en la minería metalífera y estableció que la DIA debe ser aprobada por la Legislatura, podría comenzar a operar en la provincia sin obstáculos.

La minera Coro Mining, cuya filial en el país es San Jorge, publicó su posición sobre la sesión del miércoles de la Cámara Baja en su página de Internet www.coromining.com. El texto, que está en inglés y lleva la firma de Alan Stephens, el presidente y CEO de la empresa, deja también en el aire una amenaza: "Coro Mining considerará cuáles son sus alternativas para obtener una compensación e indemnización a través de los tribunales argentinos e internacionales".

En ese sentido, se centra en la ley que fue aprobada hace cuatro años y ya tiene 12 pedidos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. "En particular, la ley 7.722 es para Coro Mining y otras partes objeto de problemas legales y de constitucionalidad. Anticipamos que esta demanda puede ser resuelta a mediados de 2012 y, en el caso que los tribunales consideren que la ley es, en efecto, inconstitucional, la negativa de ratificación legislativa de la DIA puede ser considerada nula y sin efecto".

Es decir que la empresa cree que si la Justicia le da la razón, la declaración de impacto ambiental no es pasible de ser anulada pese a lo que manifestó Diputados.

"Los caminos que tiene San Jorge son pocos", opinó al respecto el presidente de Oikos Red Ambiental, Eduardo Sosa, quien presentó una acción de amparo para que no avance el proyecto minero que fue rechazado a principios de agosto por la Justicia por "no haberse completado el proceso administrativo" (que finalizó el miércoles con la sanción de la DIA). Sosa considera que si la Suprema Corte hace lugar al pedido de las mineras, no quedaría nulo el accionar que esta semana tuvieron los diputados porque "no tiene efectos retroactivos", sostuvo.

"De tenerlos, se aplicaría nuestro amparo ya que se terminó el proceso administrativo que marcó la Justicia que faltaba", agregó el ambientalista.

Oikos plantea que la minera podría empezar todo el procedimiento de impacto ambiental nuevamente (lo que le llevaría dos años a la empresa) o bien "plantear una nueva DIA", que sería un trámite más breve. Para la directora de Minería de la provincia, Adriana Blesa, el camino que queda a San Jorge es sólo el primer punto que plantea Sosa. "Deberá empezar de nuevo con el procedimiento, que podrá ser tratado en la Legislatura pasado el año del rechazo a la primera DIA", es decir en setiembre de 2012, recién.

Rechazo oficial y empresario

Blesa lamentó la decisión de la Legislatura pese a que fue impulsada por su ex jefe, el ex ministro de Infraestructura y candidato a gobernador del oficialismo, Francisco "Paco" Pérez que, acorralado por una embestida del radicalismo, pidió a los legisladores del PJ que rechazaran el proyecto.

"Esta situación causó mucha sorpresa en el Gobierno. Se venía trabajando muy bien en Diputados. No era el momento más adecuado para tratarlo. Las presiones no hacen bien. La minería es un tema que requiere de un intenso debate social", argumentó la funcionaria de Celso Jaque.

La empresa cargó primero, en su comunicado, contra el cambio de postura del oficialismo. "El 24 de agosto el titular de la Cámara de Diputados (Jorge Tanús), confirmó que el voto de ratificación se llevaría a cabo después de las elecciones previstas para octubre, a fin de que la decisión pudiera ser tomada en base a los méritos del proyecto y no calculando la ventaja electoral", expresó.

Además, reveló que los "deseos" del Ejecutivo eran distintos a los que expresaron Pérez y los legisladores oficialistas. "Por desgracia, la votación se llevó a cabo sin tener en cuenta las conclusiones de las comisiones de la Legislatura que ha pasado los últimos meses evaluando la DIA y, más precisamente, validando el proceso que condujo a su aprobación. La decisión de no ratificar la DIA fue tomada en contra de los deseos claramente expresados por el actual gobierno, con el que la compañía estaba en conversaciones avanzadas destinadas a dar a la provincia un 10% de regalías a través de la minera San Jorge".

Es decir que, de acuerdo a lo que sostiene la empresa, el Ejecutivo tenía claras intenciones de que se aprobara la iniciativa.