Ayer, el senador Juan Carlos Marino, y los diputados provinciales de esa fuerza política presentaron un proyecto de ley por el que se denuncia a partir de este año aquel acuerdo firmado el 12 de agosto de 1992, y por el cual todas las provincias argentinas en forma solidaria cedieron un 15% de su coparticipación con destino a financiar la seguridad social.

Marino recordó que el Pacto Fiscal tomó forma en el gobierno de Carlos Menem, al crearse las AFJP. "En esos momentos los aportes de los trabajadores activos estaban en manos de un privado, pero el Estado nacional tenía que seguir cumpliendo con los jubilados, entonces todas las provincias argentinas en forma solidaria cedieron un 15% de coparticipación. Pero en el año 2008 se estatizó el sistema jubilatorio, con lo cual el gobierno nacional comenzó a recaudar lo que antes recaudaban las AFJP. Por lo tanto no tiene sentido que los Estados provinciales sigan cediendo el 15% porque sería un doble cobro que hace la Nación. Ya no tiene sentido continuar atados al pacto", explicó el legislador nacional.

450 millones en 2012.

De la conferencia de prensa participaron todos los diputados provinciales radicales, y también el asesor Juan Pablo Vieta, que ofreció detalles de lo que podría suceder si La Pampa toma el mismo camino que Córdoba -anunciado por su gobernador José De la Sota la semana anterior-, y decide avanzar con la denuncia del Pacto Fiscal.

Los frepamistas revelaron que por ese concepto podrían ingresar a las arcas provinciales unos 450 millones de pesos anuales. El mismo Marino evocó que en 2009 presentó en el Congreso un proyecto denunciando el Pacto Fiscal para que las provincias no siguieran aportando ese 15%, pero no lo escucharon, y hasta la misma provincia de Córdoba en aquel momento desechó la posibilidad.

Distribución y autonomía.

Juan Carlos Olivero, titular del bloque Frepam, precisó que el proyecto -que hasta ahora no era conocido por el gobernador Jorge, ni por los diputados del oficialismo- prevé que en caso de denunciarse el pacto, y que se perciba más dinero en concepto de coparticipación, la suma adicional sea distribuida de manera tal que el 50% se destine a financiar el Instituto de Seguridad Social; un 25% vaya directamente a municipios, para ser distribuidos de acuerdo a los índices de distribución secundaria de la coparticipación que publica anualmente el gobierno provincial; y el 25% restante se distribuya de acuerdo a la Ley 1065.

Los legisladores de la oposición, preguntados de qué manera creen reaccionaría el gobernador Jorge -teniendo en cuenta que no quiere avanzar en acciones judiciales, ni por el tema del río Atuel, ni tampoco por la deuda que Nación tiene con la Provincia- aclararon que de lo que se trata es "de recuperar derechos que en algún momento tuvo La Pampa en la relación fiscal Nación-Provincia".

El diputado Hugo Pérez advirtió que si el Gobierno provincial no avanza con la denuncia del Pacto Fiscal "va a tener que rendir cuentas ante el pueblo de La Pampa. Porque no vamos a cesar es en la pelea por la autonomía de la Provincia y de los municipios".