Minera San Jorge salió ayer a minimizar la posibilidad de que mañana se puedan registrar incidentes durante la realización de la audiencia pública prevista para dar continuidad al avance del proyecto.

El Arzobispado de Mendoza, a través de un comunicado de la Pastoral Social, advirtió el jueves sobre la posibilidad de que "se altere la paz social de Uspallata" y además puso en duda algunos aspectos del proyecto.

Fabián Gregorio, presidente de San Jorge, negó terminantemente que la comunidad uspallatina pueda producir una alteración del orden, aunque mostró su preocupación de que se pueda introducir algún elemento de alteración desde afuera.

Afirmó, sobre la audiencia, que "llegamos gustosos a cumplir una etapa procedimental que consideramos importante, si bien es una más con participación ciudadana, ya que la primera fue la consulta pública".

Como empresa, descartó asumir una posición pública sobre el comunicado de la Pastoral Social. Fundamentó su postura en el hecho de que el documento avalado por los obispos aborda aspectos "éticos y morales" y San Jorge considera que, a lo largo de todo el proceso que prevé la ley (y también en la audiencia pública), tiene que dar respuestas científicas y técnicas y de estricto cumplimiento de la ley.

"Creemos que la mejor manera de cumplir es acatar estrictamente la ley vigente. Por otra parte, la empresa no viene a cambiar las leyes vigentes sino a respetar las que están".

Ello, vinculado al supuesto uso, durante el proceso de extracción de cobre, de sustancias prohibidas en la provincia de Mendoza, así como la posible afectación del recurso hídrico, o la vinculación de las cuencas, aspectos mencionados en el documento episcopal.

Gregorio sostuvo después que la empresa no ha detectado ningún tipo de tensión entre los vecinos de Uspallata.

"Nosotros somos allí un vecino más y tenemos nuestra oficina principal en el Valle de Uspallata. No hemos sido víctima de ningún hecho de violencia y convivimos con una comunidad que es muy pacífica de por sí. Entendemos que si la audiencia pública es protagonizada por las personas involucradas en el área del proyecto, debe desenvolverse normalmente. Compartimos la preocupación que pueda existir desde afuera de la comunidad; que se pueda introducir algún elemento de alteración", destacó Gregorio.

Luego de la audiencia pública prevista para el martes a partir de las 9 en el edificio de Vialidad nacional de Uspallata, el próximo paso del proyecto es la ratificación parlamentaria, según lo previsto en la ley 7.722.