El administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Jorge Jofré, tras calificar de “acusaciones tendenciosas” las hechas por el legislador radical Martín Hernández al “poner en duda el proceso licitatorio y precios ofertas para la construcción de las obras básicas, puentes y pavimentación de la ruta provincial 23, en el tramo de 80,59 kilómetros entre Palo Santo y General Belgrano”, rechazó las imputaciones de manera categórica.

Interiorizó que “dicha obra fue licitada dentro del marco técnico legal de la Ley Provincial Nº 1180/95 que en su artículo 99 determina los plazos y las formas de publicación del acto y en un todo de acuerdo al convenio de financiamiento celebrado en el año 2008 con la Dirección Nacional de Vialidad”.

Enfatizó el administrador de la DPV que “si el señor diputado considera que esta ley vigente desde el año ´95, y que sirvió de base a todos los organismos provinciales para licitar infinidad de obras no es apta; está dentro de sus funciones proponer su modificación y adecuarla a lo que entiende es más transparente, considerando que ya hace un buen tiempo se desempeña como legislador provincial”.

Al mismo tiempo, enfatizó: “gracias a la planificación seria y responsable con que cuenta nuestra provincia, la DPV en los últimos años ha venido realizando una gran cantidad de proyectos y licitaciones, que van a permitir a nuestro territorio aumentar en más de 130% su red vial pavimentada (1048 kilómetros de nuevos pavimentos), beneficiando a pobladores y regiones que por años estuvieron postergadas y sin posibilidades de crecimiento económico y social”.

Afirmó Jofré que “la experiencia con que cuenta nuestra repartición en el manejo del rubro vial, me permite con autoridad negar la existencia de sobreprecios y negociados millonarios con qué este diputado pretende desprestigiar lo actuado, actitud que no sorprende por reiterativa (sobre todo en épocas electorales)”, acusó, para recordar que “en oportunidad de licitarse la ruta nacional 81 también denunciaron sobreprecios, demostrándose su improcedencia ante la justicia competente, y hoy todos los formoseños disfrutar de esta trascendente ruta”.

Asimismo, consideró necesario aclarar que “no existe en absoluto nada que ocultar, por lo que la respuesta al pedido de informes que hiciera se hará lugar, una vez cumplimentado el procedimiento fijado en la resolución 1432/05, ratificada por la resolución 1651/07 de la Cámara de Diputados de la provincia, norma a la que deben ajustarse todos los legisladores provinciales, la cual este diputado pretende desconocer”.

Finalmente, el administrador Vialidad Provincial aludió a la necesidad de reflexionar que “previo a cualquier licitación son numerosas las gestiones ante las instituciones financieras que deben realizarse para ser aprobadas, y en este caso particular duraron casi dos años. Y en ningún caso merecieron objeciones de ningún tipo en las diferentes etapas de las tramitaciones, razón por la cual sus consideraciones responden a la necesidad de tener un protagonismo mediático que bajo ningún punto de vista estoy dispuesto a acompañar, y que doy por terminada con esta aclaración, poniendo a disposición de la justicia todas las actuaciones que llevó adelante esta DPV”, afirmó concluyente.