Martínez dijo que durante la ejecución de la orden judicial estuvo presente la jueza civil María del Carmen García. “Gracias a Dios no hubo lesionados y todos nos pudieron denunciar, están sanos y vivos... no como en otros lugares donde hay que lamentar víctimas”, señaló en diálogo con El Diario.

Recordó que hubo dos órdenes previas de desalojo. La primera se intentó cumplir en mayo, y que en la segunda -dos días antes de la definitiva- los trabajadores “intentaron agredir al cerrajero”. “Ellos dicen ‘nos trataron como a delincuentes’ y efectivamente estaban en desobediencia más allá del legítimo reclamo que llevan adelante, como lo están haciendo ahora”, manifestó. La manifestación continúa, pero ahora fuera del predio de la planta.

La orden de desalojo había sido dictada por el Juzgado Civil Nº 15 de Capital Federal, a cargo de la jueza María Isabel Benavente. Como el pasado mes de mayo, el oficio fue recibido por el Juzgado Civil Nº 2 de Santa Rosa, cuya titular es María del Carmen García, quien le dio curso a la medida.

Joaquín Alexis Sosa, Pablo Daniel Medero y Juan Ramón Balmaceda, con el patrocinio del abogado Nicolás Romano y el Movimiento Popular por los Derechos Humanos de La Pampa, presentaron la denuncia penal. Los policías del grupo GEO (Grupo Especial de Operaciones) ingresaron a la planta de la ex Consommé (Colonia Lechera Modelo SA), sobre la ruta 5, en Anguil, a las 6:30 horas, aún en la oscuridad y mientras los trabajadores -algunos con sus mujeres e hijos- dormían.

“Los jueces son los últimos intérpretes de la ley”, remarcó el comisario mayor Martínez. Insistió en que “dos veces se quiso hacer por las buenas y no se pudo, por eso la jueza dispuso que sea por la fuerza pública”.

Remarcó que “no hubo ningún hospitalizado” y que la jueza exhibió la orden de desalojo. “Dicen que no se exhibió, pero eso corre por cuenta de los abogados”.

En cuanto al horario en el que se dispuso cumplimentar la medida, puntualizó que “la jueza conoce el procedimiento y sabe cuáles son las excepciones”. “Si lo hacíamos en horario diurno, iba a ser una batalla campal”, advirtió.

“Se hizo como había que hacerlo al procedimiento, no hubo víctimas ni nada y todos están en condiciones de denunciar”, finalizó el jefe de la UR-I.