Y, a contramano de la decisión del actual Vicepresidente, no piensan en una nueva compra de unidades por parte del Estado. "La idea es que se note el cambio", aseguró el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez.

El Estado compró en 2005 120 micros que eran el símbolo del manejo estatal del sistema, pero que entraron en decadencia. Actualmente, están en malas condiciones y el gobernador Celso Jaque quiere diferenciarse también en eso con Cobos.

La nueva licitación tiene varias particularidades. Enel Gobierno aseguran que quieren que haya 100 colectivos nuevos a fin de año, aunque en ningún lado del pliego se exige a la empresa la compra de unidades cero kilómetro. Sí se prevé una renovación paulatina de los vehículos.

También se prevé un pago extra a la empresa en caso de que logre aumentar la cantidad de pasajeros y se impone una "triple indemnización" para los empleados actuales que sean despedidos.

La licitación se realizará en tiempo exprés, pues el Gobierno ha pautado la apertura de sobres para el 12 de agosto.Y antes de adjudicar por 10 años este servicio, marcó la cancha y dijo quién "no" podrá ser parte del negocio.

En la licitación quedaron fuera el ex concesionario del servicio,Emilio Corsino, y algunos de los empresarios que hoy participan del sistema, especialmente el presidente de Autam, Sergio Pensalfine. Es que el llamado excluye a las empresas que fueron desadjudicadas y a quienes tienen dos o más concesiones a su cargo.

El grupo 2 de colectivos es el que más usuarios tiene (se registran casi un millón y medio de pasajeros por mes) y también de los más conflictivos.

En el 2005, el gobierno de Cobos intervino la empresa Antártida Argentina y luego se hizo cargo del servicio. Allí, fueron a parar la mayoría de los ómnibus que Cobos había comprado y que eran el "símbolo" de la intervención estatal en el sistema de transporte. La reprivatización se dilató y los micros se deterioraron al mismo ritmo.

Así como en ese momento Cobos se sacaba fotos con las unidades 0 km como novedad, hoy Jaque busca la imagen contraria: sacarlos de circulación de golpe para que se note un cambio y al mismo tiempo reprivatizar el sistema.

Los colectivos viejos aún no tienen futuro cierto. En la licitación hay un artículo por el cual se interpreta que se pueden vender a quien resulte ganador, pero desde el Ministerio de Infraestructura aseguran que quedarán en manos del Estado, pero con un destino distinto al sistema de transporte de pasajeros. "Eso lo va a decidir el Gobernador", aseguró Pérez.

También descartan cualquier chance de reinvertir en vehículos por parte del Estado, tal como hizo la gestión anterior. "Hoy es una inversión que no se podría hacer. Pero además no tiene sentido. Antes se busca hacer escuelas u otras obras públicas que son prioritarias", aseguró el ministro.

Premios y castigos

La licitación pone algunos límites y también premios. En los pliegos se dice que no podrán acceder "las personas físicas o sociedades a las que se les haya declarado la caducidad de la concesión para la prestación de un servicio público, por incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales".

Esa es la condición de la empresa de Corsino, que fue desadjudicada de la línea. Y también se deja afuera a "las personas físicas o jurídicas, que en forma individual, asociada o agrupada a terceros sean actualmente concesionarias de dos o más grupos de líneas de transporte público urbano, conurbano y de media y larga distancia en la provincia". Según Pérez, la intención es evitar la monopolización del servicio.

Aunque el sistema funciona con el pago por kilómetro recorrido y no por cantidad de pasajeros, entre los incentivos previstos el Gobierno sí dispone un pago extra si aumenta la cantidad de usuarios.

"Si se verifica un incremento superior al 3% de la cantidad de pasajeros se pagará un bono o premio al concesionario", explica el pliego de licitación. La concesión será por 10 años (hasta 2020) y estará desfasada del resto del sistema, que debe renovarse en 2015.