El gobernador puso en valor que desistieran de los reclamos millonarios. Eso sí, les dijo que el 10 por ciento que quieren ahora de suba lo saquen de su presupuesto.
El de ayer no fue un buen día para el gobernador, porque se conocieron fallos adversos alentando la promoción industrial (ver página 2), pero igualmente aceptó hablar del acuerdo por el que los magistrados provinciales acaban de restarles a las arcas oficiales otros 5 millones de pesos. "Hay que mirar el contexto, porque, si no, parecería que yo vine a firmar cómo hacía feliz a alguien", soltó en la puerta del centro de hemoterapia que inauguró en calle San Juan.
Así, el gobernador asumió que lo volvería a firmar, porque gracias a ese acuerdo la Provincia no pagó juicios millonarios que habían elevado los magistrados y que se iban a perder, según consideró. "Era mucha más plata la que hubieran tenido que pagar los mendocinos, porque la sentencia iba a reconocerles todo lo que se les debía, pero también iba a instalarse el sistema de enganche", presagió.
Lo que no quedó en claro es de dónde saldrán los fondos para asumir el nuevo 10 por ciento de aumento que están reclamando los magistrados y que se sumaría a los beneficios logrados a través de un retroactivo de entre 12 y 17 mil pesos cobrado el mes pasado. Esto porque cuando se le consultó a Jaque, dijo que no será él quien cumplirá con ese 10 por ciento que están reclamando. "Será el Poder Judicial el que calcule si su presupuesto le alcanza para pagar ese nuevo incremento que ya dio el Poder Judicial de la Nación", señaló. Sin embargo, meses atrás había dicho lo mismo y, finalmente, por las presiones debió pagar el abultado retroactivo que se generó a partir del atraso del reconocimiento del 15 por ciento de aumento logrado en el 2009 por la Justicia federal.
Con respecto a la desigualdad que denuncian otros gremios, Jaque consideró que es lo mismo que ocurre en este poder en otras provincias.
El gobernador recalcó que no es un sistema que inventó la Provincia, y así volvió a defender el polémico decreto firmado en el 2008 y ratificado por la Legislatura, el mismo que hasta el momento les ha traído importantes beneficios económicos a los 364 magistrados de la provincia.
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