El Gobierno de la Provincia convocó a una audiencia pública con fecha pero aún sin lugar para analizar la explotación del proyecto minero San Jorge en Uspallata, al tiempo que trasladó hacia Irrigación el peso de la expectativa existente hasta ayer sobre Medio Ambiente.

"Por resolución 64 de la Dirección de Minería y 229 de Protección Ambiental se ha fijado la fecha de la audiencia pública para el 20 de octubre, pero previo a eso la empresa tiene 45 días hábiles para completar y presentar estudios técnicos que fueron solicitados en el marco del procedimiento ambiental como condición para ir a la audiencia pública".

Así lo anunciaron en forma conjunta el director de Protección Ambiental, Ricardo Debandi, y su par de Minería, Adriana Blesa.

Sobre los estudios hídricos que exige el Gobierno a la empresa para definir si la cuenca del arroyo El Tigre está o no conectada a otros acuíferos vinculados al Río Mendoza, los funcionarios hicieron notar que este informe "lo solicitó el Departamento General de Irrigación a la autoridad ambiental y ésta se lo hizo extensivo a la empresa. Irrigación dispone qué estudios son necesarios como organismo competente. Es todo competencia de Irrigación", enfatizaron.

También subrayaron que "la audiencia pública está condicionada a los estudios y a la evaluación de esos estudios", ratificando claramente que si no se presenta el informe requerido o si se presenta y no es aprobado, automáticamente se caerá la fecha de la audiencia pública.

"Entendemos que por lo que dice la empresa esto no sería un inconveniente, pero una vez que presente los estudios los veremos y de acuerdo con eso se irá a la audiencia pública", subrayaron.

También hicieron notar que "estamos recién en la etapa de recopilación de la documentación necesaria para el llamado formal a la audiencia pública, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental".

"Evitar abusos"

La definición de una fecha de una audiencia pública no convocada aún formalmente (por falta de documentación exigida) muestra la doble intención del Gobierno provincial de mantener su disposición a los emprendimientos mineros y de remarcar -al mismo tiempo- la exigencia de cumplir los requisitos ambientales.

"Si las cosas no se ordenan de entrada después con el emprendimiento en marcha todo se hará más difícil. Si ahora incumplen una exigencia ambiental, luego habrá abusos", aseguran en el Gobierno provincial.

El gobernador Jaque debió ratificar la autoridad del secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, apuntado por lo que en la Casa de Gobierno consideran "fuertes operaciones de prensa de la empresa".

En la minera San Jorge se considera "superfluo" el estudio exigido por el Gobierno, al tiempo que la Asamblea Popular del Agua asegura que el proyecto presenta "numerosos impactos negativos cuestionados por los dictámenes de la Universidad Nacional de Cuyo, el Departamento General de Irrigación y el Consejo Provincial del Ambiente"