La Suprema Corte dio marcha atrás y por eso María Páramo debe hacer los bolsos y volverse de Malargüe, pues ella es desde ayer "ex conjueza". Lo mismo ocurre con otros tres magistrados interinos que eran cuestionados por el Poder Ejecutivo.

Luego de semanas de tensión entre el oficialismo y la cúpula de la Justicia por la designación de cuatro jueces reemplazantes, el máximo tribunal cedió y ayer dejó sin efecto esos nombramientos, tal como se lo habían pedido elgobernador, Celso Jaque, y los legisladores.

Formalmente, la Corte aceptó la solicitud de la Cámara de Diputados, que ayer emitió una resolución pidiéndole a este tribunal que dejara sin efecto los nombramientos. El Poder Judicial le pide ahora a la Legislatura que acelere la aprobación de una norma que establezca un mecanismo de urgencia para el nombramiento de conjueces.En realidad, se trata de darle aval al mecanismo que fue cuestionado.

Desde el Gobierno recibieron con "beneplácito" la decisión y dieron a entender que no prosperará el pedido de juicio político con que amenazaron (e intimaron) a AlejandroPérez Hualde, presidente de la Corte, y a los otros dos ministros que intervinieron en los nombramientos (Jorge Nanclares y Carlos Böhm).

"Se va a retomar el diálogo institucional", aseguró el presidente de la Cámara baja, Jorge Tanús. Igual, algunos no disimulan su alegría y reconocen una diferencia de modos que, en definitiva, pareció darles resultado: Cazabán pegaba y Tanús negociaba.Al final todos son del mismo gobierno y sienten que le "torcieron el brazo" a la Corte.

La decisión corre desde ayer a la tarde, cuando los ministros de la Sala Administrativa firmaron una acordada dejando sin efecto las designaciones que ellos mismos habían realizado. En el texto, la Corte intenta reafirmar que los nombramientos son legales. Pero que da marcha atrás porque "resulta conveniente para fortalecer la institucionalidad y colaborar a disminuir la tensión surgida entre dos poderes del Estado", por eso acepta "el pedido formulado por el órgano constitucional pertinente".

Así, los jueces aseguran que acceden al pedido de la Cámara de Diputados y no al del Poder Ejecutivo. Lo que intentan negar es que hayan cedido a las presiones de Jaque y, especialmente, Alejandro Cazabán, secretario General de la Gobernación y principal impulsor de la embestida y la amenaza de juicio político.

El conflicto se inició porque la Corte, ante una contingencia, nombró de manera provisoria a cuatro conjueces,Y el Gobierno asegura que esos nombramientos eran irregulares.Los conjueces cuestionados eran María Páramo, que estaba en el Juzgado de Familia de Malargüe; un juez penal de menores de Tunuyán; Armando Farina, del Juzgado Correccional de Alvear, y SilvinaCulós, que hasta el 31 de agosto estuvo a cargo provisoriamente del juzgado de Ejecución Penal de Almafuerte. Lo cierto es que pocas veces la administración de justicia de Malargüe, Alvear y la cárcel tuvieron tanto protagonismo.

Jaque conoció la noticia antes de embarcarse hacia Estados Unidos.Quien ofició de vocero fue Tanús, a la postre el "negociador" del Gobierno."El Gobernador manifestó su beneplácito por la decisión de la Corte. Y aseguró que ahora se va a retomar el diálogo institucional para hablar de estos temas", aseguró Tanús, quien evitó hablar de "vencedores y vencidos" en la pelea.

"Lo importante es que de los errores se puede aprender.Y que no se pueden hacer nombramientos de jueces sin aval del Senado, el Consejo de la Magistratura o el Poder Ejecutivo", dijo el diputado, quien prometió trabajar para sancionar una ley de "designación de emergencia"de los conjueces cuando se presenten contingencias.

El presidente de la Corte había hablado ayer por la mañana y ratificado que los nombramientos eran legales.También había reconocido que estaban en vías de resolución, pero no por su marcha atrás. "Los lugares desprotegidos tienen un juez que está atendiendo sus causas", dijo.Ahora no lo tienen más y los espacios vacíos serán ocupados por "subrogantes".

La clave de la decisión de la Corte estuvo en la Legislatura, donde hasta ayer creía que tenía apoyo para sostener su decisión. Pero con la abstención de demócratas, radicales y de uno de los diputados del Confe, Luis Petri, el bloque PJ, acompañado por algunas bancadas unipersonales aprobaba una resolución para seguir metiendo presión a Pérez Hualde y seguir caldeando el clima para el juicio político que analizaba pedir Jaque por recomendación de Cazabán.

Al mismo tiempo, en el edificio del viejo Banco de Mendoza, un amigo de Cazabán, sorteaba sin problemas la audiencia pública que organiza el Senado antes de dar acuerdo a los nombramientos de nuevos magistrados. Fabián Hatallah se sentaba entre los miembros de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y escuchaba las elogiosas palabras de amigos y allegados, en defensa de su nombramiento como fiscal, tal como propone el Ejecutivo.