Así lo indica una extensa carpeta que ayer le entregó su ministro de Hacienda, Adrián Cerroni. "Normalmente desde el año ´88 para acá ha habido una involución en los aportes que le han tocado a la Provincia", confirmó el propio Cerroni.

"No es que la Nación unilateralmente haya decidido reducir la participación a las provincias, sino que fueron distintos pactos fiscales que -por distintas razones- se fueron firmando en su momento con los gobernadores de turno y se llegó a este estado de situación. Por este motivo, el Gobernador plantea esta estrategia de rediscutir toda la coparticipación", agregó.

El informe que Jaque llevará para exhibir ante Cristina Fernández y sus pares del resto de las provincias mostrará -entonces- que Mendoza salió perjudicada desde la última ley de coparticipación de la época de José Bordón (1988) y especialmente tras los pactos fiscales que firmaron Rodolfo Gabrielli (1992 y 1994) y de Roberto Iglesias (2002). "En cada momento Mendoza firmó un pacto y por lo tanto no hay deuda de la Nación hacia la Provincia", destacó Cerroni.

Jaque propicia que la discusión del reparto de fondos no se agote en la coparticipación primaria (entre la Nación y las provincias), sino que avance sobre la secundaria (entre las provincias). Considera que a Mendoza le conviene la incorporación de indicadores variables de eficiencia que un año puedan beneficiar a una provincia y al año siguiente a otra.

En ese sentido, el Gobernador toma el criterio de la anterior ley de coparticipación municipal mendocina. La antigua norma establecía estos indicadores móviles en base a parámetros de eficiencia en los niveles de inversión pública -relación de los gastos de capital con los gastos corrientes-, de calidad del gasto -porcentaje del costo salarial sobre el total de egresos-, de eficiencia recaudatoria -porcentaje de ingresos propios sobre el total de recursos- o de eficiencia en la prestación de servicios -número de empleados con relación a la población total.

En la provincia de Buenos Aires -eventual aliado de Mendoza en una discusión por un nuevo reparto- el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, manifestó su "absoluta convicción" de apoyar un debate "amplio y serio" para alcanzar una nueva coparticipación.

Por su parte, los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta); José Alperovich (Tucumán) y Maurice Closs (Misiones) adelantaron que el lunes presentarán a la Presidenta una propuesta de conformación de un "Fondo Compensador" de 5.000 millones de pesos.

Es "para equilibrar en 14 años" el Producto Bruto Geográfico de las provincias del noroeste y noreste "con el PBG per cápita" del resto del país. La iniciativa contempla como beneficiadas a las diez provincias del NOA-NEA, a las que suman -sin demasiados argumentos- San Juan y Entre Ríos.

Este conjunto de doce provincias propondrá el lunes que viene que los indicadores de pobreza no se consideren por provincia sino "por jurisdicción departamental" entre los 511 municipios del país. Esto tiene como finalidad atender la pobreza, independientemente de dónde se encuentre (Salta, Chaco, Buenos Aires, San Juan o Mendoza).

En tanto, en la Casa Rosada aún se evalúa la pluralidad que tendrá la convocatoria de los jefes de Estado provincial y si ésta será "general" (incluidos el puntano Alberto Rodríguez Saá y el porteño Mauricio Macri), "amplia" (sin los dos anteriores pero con el santafesino Hermes Binner, el cordobés Juan Schiaretti, el catamarqueño Brizuela del Moral y el chubutense Mario Das Neves) o si se restringirá a los gobernadores más cercanos al Gobierno nacional.

Según trascendió, Cristina Fernández también prepara gruesas carpetas que muestran el nivel creciente de transferencias de la Nación a las provincias en los últimos años, que no sólo incluyen la coparticipación ordinaria y el reparto del fondo de la soja, sino también los envíos por asignaciones familiares universales y jubilaciones ampliadas, los ATN y las obras públicas nacionales ejecutadas en cada provincia.

Aún sin confirmación, los trascendidos indican que la Nación propondría "un Programa de Asistencia Financiera (PAF) extendido" que contemplaría una refinanciación plurianual de los vencimientos de deuda de las provincias con el Estado nacional. Una iniciativa de este tipo significaría para Mendoza "patear" para adelante los vencimientos de no menos de 1.000 millones de pesos durante los próximos dos años.