La difícil relación entre el Ejecutivo provincial y la Suprema Corte de Justicia pareció encaminarse hacia un "inevitable" pedido de juicio político de difícil pronóstico en la Legislatura, ante la intransigencia de posturas en ambas partes.

"He sido muy claro, hay una sola salida: que den marcha atrás en lo que han hecho de manera ilegal e inconstitucional y nos sentaremos a hablar", dijo ayer Jaque.

-¿Y si no?, se lo consultó. "Lo que la Constitución me pone como obligación. Si no dan marcha atrás en lo que corresponde, en una designación que es ilegal por haberse arrogado facultades que no tienen, obviamente pediré el juicio político. No tengan ni una sola duda", fue la respuesta.

-¿La Corte cree que ha actuado conforme a derecho?

-Si hubiera actuado conforme a derecho no hubiera mandado un proyecto de ley para que (se) ratifique lo que ha hecho de manera ilegal y con una facultad que no tiene.

¿Cuál es el plazo para tomar la decisión?, se le preguntó. "Esta semana", respondió el gobernador Celso Jaque quien hoy -al viajar hacia Estados Unidos- consideró al día viernes como el "plazo final" de una retractación que la Corte se muestra muy lejana a aceptar.

"Hasta tanto la Corte no revoque esta ilegalidad el Ejecutivo no retomará el diálogo", ratificó el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. "El incumplimiento de la ley no se negocia. La ley simplemente se cumple", afirmó el ministro de Gobierno, Mario Adaro, con la intención de mostrar una sola postura en el Ejecutivo.

El presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, asumió el compromiso de la Corte de no continuar designando conjueces provisorios hasta que se establezca institucionalmente un mecanismo para los casos "especialísimos", pero jamás aceptó la invalidación de lo actuado.

Mientras tanto, en la Legislatura provincial el diputado justicialista Alejandro Viadana presentó un proyecto que fortalece el rol del Ejecutivo en la designación de los jueces. Y la Corte respondió enviando a la Legislatura una acordada en la que ratificó el nombramiento de conjueces tal como lo hizo ante la falta de postulantes inscriptos, dejando ahora expresamente en la acordada lo que no estaba escrito en sus últimas decisiones.

A ello se suman presentaciones judiciales en direcciones opuestas. El abogado Edgardo Vallés denunció a Jaque por "incumplimiento de plazos" en el envío de un postulante luego de que el pliego del conjuez Dardo Fernández fuera rechazado en el Senado. Mientras el mismo Fernández denunció en fiscalía civil el accionar de la Corte.

A la situación se sumó una creciente polémica entre el Frente Cívico y el oficialismo justicialista. El ex gobernador Roberto Iglesias destacó que "yo tuve problemas con la Justicia, pero fueron problemas de fondo, complejos, difíciles y no pedimos nunca el juicio político a la Corte ni a nadie. Por esta nimiedad y por esta zoncera, someter a Mendoza con un conflicto más, cuando el Gobernador necesita el apoyo de los mendocinos para luchar por Mendoza y no enfrentarse con los mendocinos, me parece que esto de un nombramiento de un conjuez tiene que ver más con intereses de posicionamiento de poder de algunos sectores del Gobierno en la Justicia, que con un verdadero problema".

Desde el Confe, Juan Carlos Jaliff agregó que "si el Gobernador tiene la certeza de que el presidente de la Corte ha incumplido la ley ya habría enviado el pedido de juicio político y no lo estaría negociando por cargos de conjueces". Desde el Ejecutivo, Cazabán y Adaro respondieron que "éste es un problema de naturaleza distinta y más grave que el conflicto salarial" con los jueces ya que alcanza "gravedad institucional". Y llamaron a "no usar al Poder Judicial para posicionar a la Unión Cívica Radical".