La paciencia se agotó. Celso Jaque ordenó desde el Sur que se dictamine la ilegalidad del paro de los trabajadores judiciales, medida que le permitiría a la Subsecretaría de Trabajo desde multar a los gremios hasta suspender a los empleados y despedirlos.

Los judiciales, lejos de amilanarse ante el enojo del gobernador y la orden que transmitió, seguramente a las 7.30 de hoy, cuando realicen una nueva asamblea, resolverán continuar con la huelga, a sabiendas de las consecuencias que pueden pesar sobre cada uno de ellos.

Por ello es que, asesorados por abogados de gremios nacionales y de la CTA, preparan una batería de medidas para contrarrestar la intención del Gobierno de quebrar la, hasta ahora, homogeneidad y el consenso existente entre los trabajadores que desde hace tres semanas mantienen paralizado el servicio de justicia en la provincia.

ilegalidad. La orden provino desde 250 kilómetros, porque Jaque estaba inaugurando obras en San Rafael, y sus funcionarios le informaron de un nuevo rechazo a otra propuesta salarial. Inmediatamente, ordenó poner en práctica la medida por la cual, además, se podrá descontar los 17 días de paro a los trabajadores, por lo que cobrarían menos de la mitad de su sueldo correspondiente a abril, siempre y cuando la Corte lo disponga.

Sus ministros negociadores intentaban frenar la medida, confiados en que el punto límite del desgaste se conocerá hoy, cuando los trabajadores decidan aceptar la oferta salarial del Gobierno, que llegó a los 32 millones de pesos, cuando había partido de 26,5. 

Sin embargo, desde el gremio judicial no muestran ni una bandera blanca, porque advirtieron que apelarán a varias herramientas: rechazar la conciliación; desconocer a la Subsecretaría de Trabajo, por entender que no tiene competencia, ya que es un espacio no imparcial; denunciar al Gobierno ante la Organización  Internacional del Trabajo (OIT) y recurrir a la Justicia Penal para que investigue si ha existido prevaricato en la persona que actuó como referente de la Subsecretaría, Javier Rastrillejo, dando señales de coacción a los trabajadores.

ayer y hoy. Poco después de que una multitudinaria asamblea votara ayer su decisión y adelantara que seguiría desconociendo a la Subsecretaría de Trabajo como ámbito paritario, los ministros de Hacienda y de Gobierno, Adrián Cerroni y Mario Adaro, aparecieron junto al titular de la Administración Federal de Ingresos Público, Ricardo Etchegaray, en el Colegio Notarial. Adaro aprovechó para cargar con toda su artillería contra los gremialistas y los acusó hasta de huir de la Justicia (ver aparte). "No podemos estar disponiendo recursos del Estado para buscarlos a ellos, en esto deberían dar el ejemplo", soltó Adaro, a quien se lo vio bastante molesto.

incógnita. La negociación seguiría este mediodía, porque para hoy a las 12 estaba prevista una reunión paritaria. Pero el Gobierno, al dictar la conciliación, la suspendió tácitamente y convocó a otra para el martes a las 18. Sin embargo, Carlos Ordóñez, titular de los judiciales, aceptó que, informalmente, le anunciaron que el negociador concurriría a la Subsecretaría.

Quizás por eso es que el ministro Adaro solicitará a primera hora a la Corte que, por oficio, le informe si los judiciales concurrieron a sus lugares de trabajo y, de recibirse una respuesta negativa, recién al mediodía se decretaría la ilegalidad de la huelga. Serían entonces horas decisivas para intentar destrabar el conflicto.

La ley vigente establece la conciliación obligatoria para recuperar un ámbito de diálogo que está quebrado, pero también fija que si no se cumple la orden, el órgano mediador –esto es la Subsecretaría de Trabajo– puede decretar la ilegalidad de la medida. Si esto se da, el Gobierno o la Corte pueden aplicar multas de hasta 3.000 pesos a los gremios, suspender al personal y hasta ejecutar despidos.

Adaro repitió que debía recuperarse la cordura y aseguró que "quien no cumple la ley es un ilegal".

De esta forma, las negociaciones se ven cada vez más empantanadas y hay varias hipótesis dando vueltas sobre la continuidad o no del conflicto.

Insólita nota circuló ayer entre ayudantes fiscales

El horno no está para bollos y en el Ejecutivo hasta se animan a sacar a relucir otra vez la autonomía judicial, una medida que no convence a ninguna de las dos partes, porque resta elementos en la negociación entre poderes. Mientras esto sucede, circuló ayer entre los ayudantes fiscales un mail fuera de contexto: un pedido para elevar al procurador de la Suprema Corte de Justicia, Rodolfo González, en el que le solicitan que equipare sus sueldos al nivel de los jueces de Paz, que ganan más del doble. Los magistrados, según datos de la página web del Poder Judicial, ganan 8.977 pesos sin antigüedad ni adicionales, mientras que el salario fijado para un ayudante fiscal es de 2.700, más 50 por ciento por bloqueo de título y antigüedad, o sea, unos 4.100 pesos de base.

A través del pedido se le solicita a González una audiencia para analizar la jerarquización de estos trabajadores. La nota fue enviada por correo electrónico entre varios ayudantes fiscales. El Sol se contactó con la Procuraduría General de la Suprema Corte de Justicia para saber si había ingresado, pero nadie respondió el llamado. Lo que sí, ayudantes fiscales confirmaron que hoy harán una reunión para debatir la propuesta y definir cuándo se la presentarán a González.

En los pasillos judiciales calificaron como una locura el pedido, teniendo en cuenta que los magistrados deben sortear la evaluación de la Corte pero, además, la aprobación del Senado y, para ser ayudante, sólo hay que pasar un tribunal de no más de tres examinadores. Por esto, consideran que si el pedido se hace efectivo, el procurador lo rechazará de plano.

Entre los argumentos, los ayudantes señalan que los días de paro de los judiciales, "han demostrado acabadamente que su tarea resulta piedra angular, en tanto se han mantenido abiertas todas las oficinas fiscales". Esta afirmación fue desmentida por muchos ciudadanos que denunciaban falta de atención en los medios de comunicación.

En el escrito de 4 páginas se resalta que todas las noches, durante los 365 días del año, un ayudante fiscal se encuentra recorriendo la primera circunscripción judicial en procura de asegurar el correcto funcionamiento de las oficinas fiscales, y principalmente el sistema penal que sobre ellas reposa.

Otro de los reclamos que plantea el comunicado es que los ayudantes no pueden hacer goce de las ferias judiciales como los demás funcionarios de su categoría, puesto que conlleva el recargo de sus pares.

Ello, sumado a que el ayudante es quien debe en la mayoría de los casos mediar entre las partes para lograr la solución del conflicto, según lo prescripto en el artículo 5 del Código Procesal Penal./G.C.