En la reunión de mañana a las 18 en la sede del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires se comenzará a dilucidar algo más que el nivel mínimo de servicios que se deberán prestar mientras dure el prolongado conflicto en la Salud pública mendocina. Es que, según sea la forma en la que se termine dirimiendo el tema, será el tipo de relación de los gremios estatales (no sólo de Ampros) con el Gobierno en el estratégico 2011 y el peso específico real del sindicato médico en el futuro.

Este lunes, cinco integrantes de la Comisión de Garantías de prestación de servicios mínimos durante conflictos en áreas esenciales (Agustín González Arzac por la UIA; Horacio Martínez por la Federación de Abogados; Ricardo Muñoz por el Consejo Interuniversitario.

Alcira Pasini por la CTA y Rodolfo Capón Filas por la CGT) recibirán a los tres representantes del Estado mendocino (los ministros Mario Adaro, de Gobierno y Juan Carlos Behler, de Salud además del subsecretario de Trabajo, Sebastián Godoy Lemos como autoridad de aplicación) y a los cuatro de Ampros (la secretaria general, Isabel del Pópolo y el adjunto, Alberto Simón -que acordaron ir juntos en señal de unidad- y dos abogados del gremio).

Como no existe ningún antecedente de una reunión de este tipo -es la primera vez que se aplica este mecanismo propiciado por la OIT y reglamentado por el Ejecutivo Nacional- únicamente se puede prever que el Gobierno provincial y el gremio expondrán ante la comisión sus distantes puntos de vista y diferentes interpretaciones, desde posturas radicalmente diferentes.

El Ejecutivo acude a la cita con el objetivo de "estirar" lo más posible las prestaciones y disminuir los efectos de los paros sobre los hospitales públicos y centros de salud. Su objetivo final es seguir recuperando para el Estado en forma creciente su incidencia en los niveles de funcionamiento de los servicios públicos -sobre todo en Educación y en Salud-, ya que considera que estos disminuyeron en forma alarmante durante el pasado gobierno de Julio Cobos, a expensas del crecimiento del peso de los reclamos gremiales.

Y en ese sentido apuntará sus argumentos a la existencia de una situación de "colisión de derechos" entre el de huelga de los profesionales médicos y el derecho a la salud de los pacientes. Y bregará para que se resuelva a favor "del sector más débil, en especial cuando se trata de madres y niños". En ese sentido, es posible que la delegación oficial aporte documentación sobre niveles de inasistencia y grado de afectación de los servicios, en base a los informes de directores de hospitales y centros de salud e inspectores de la Subsecretaría de Trabajo.

En tanto, Ampros asistirá convencida de que su plan de lucha está fuera de toda discusión y ni siquiera será tema de conversación ante la Comisión, ya que el trabajo de ésta deberá centrarse sólo en la definición de un aspecto: las prestaciones mínimas.

En ese sentido, Del Pópolo llevará actas de escribano que muestran prestaciones de servicio "superiores a las guardias mínimas de los fines de semana y feriados, es decir, de lo que habitualmente ocurre en un tercio del año", pondrá énfasis en el funcionamiento de "comités de crisis para atender cualquier emergencia" y considerará que -durante el paro- se ofrecen "niveles satisfactorios de atención de la Salud".

"Nosotros también interpretamos la ley. ¿Por qué deberíamos someternos pasivamente a la interpretación que hace el Gobierno?", se pregunta Del Pópolo.

En un escenario en el que las distancias se agigantan, Gobierno y gremio difieren no sólo en la interpretación de la fecha de inicio de las medidas de fuerza; sino también en los niveles de prestaciones mínimas necesarias y hasta en la fecha antes de la cual se deberá expedir la Comisión de Garantías (el miércoles que viene para Ampros, el martes de la otra semana para la Casa de Gobierno).

Escalada

En una escalada que ha ido creciendo entre el Gobierno y el gremio de los profesionales, se ha llegado a un punto en el que está en juego el propio poder de decisión sobre el funcionamiento del sistema público de Salud de la provincia, al punto que el crecimiento del rol de uno no puede dejar de significar una caída en el papel de otro. Ambos se muestran irreductibles y apuntan sin miramientos a la base de sustentación del otro.

El gremio ha desafiado el nivel de autoridad del Ejecutivo -cimiento de cualquier gobierno- al desacatar la fecha de reinicio del plan de lucha dispuesta por la Subsecretaria de Trabajo y "exhortada" desde el Ministerio de Trabajo. Mientras el Gobierno, apunta al basamento económico del gremio, sobre el que aspira a abrir un boquete mediante multas.

El propio Celso Jaque confirmó que "he ordenado la aplicación de la ley como corresponde, una falta grave puede implicar 1.000 pesos de multa por afiliado por única vez y esto puede significar que si son 2.000 empleados serán 2 millones de pesos los que deberá pagar Ampros". Es decir que al habitual descuento de los días de paro -que le quitó fuerza a los paros en Tribunales, docentes y administración- en el caso de Ampros le agregó un "descuento" por huelguista al propio sindicato.

"Yo le pido al gobernador que tanto pide ser reflexivo, que él sea reflexivo y que no siga agrediendo. Y que sea responsable tratando de poner paños fríos en lugar de seguir alimentando resentimientos. Que no trate de tapar las ineficiencias del sistema de Salud echándole la culpa a los profesionales, porque a esas cortinas de humo les va a pasar como al mapa del delito. Y le pedimos que cumpla la ley, respetando al convenio colectivo", afirmó Del Pópolo a Los Andes.

El propio Jaque consideró "de cumplimiento imposible" el convenio de Ampros, mientras en la Casa de Gobierno se reitera que este acuerdo es fruto de "los aprietes a un ex gobernador que se sacó el problema de encima, pateando la pelota para adelante". A ello se agrega que el ministro de Gobierno, Mario Adaro, no deja de recordar que "la máxima sanción para un sindicato es la pérdida de la personería jurídica".

"Quieren destruir el gremio. Preferimos morir a manos de un Gobierno que a manos de nuestros colegas defraudados. Vamos a pelear hasta el final", respondió Del Pópolo. Y ratificó el plan de lucha que esta semana abarcará de martes a jueves (con movilización) y la semana entrante de lunes (feriado) a viernes. "Si llega a ser necesario, vamos a ir por Ampros", confirmaron en el Cuarto Piso de la Casa de Gobierno.